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Los proyectos se desarrollarán en dos estrategias, 28 serán para concluir y los otros 22 comprenden corredores viales para la legalidad
La reactivación económica es uno de los pilares más importantes del Gobierno Nacional, por ende, la noticia de la aprobación de $11,5 billones para 50 obras de infraestructura priorizadas en varios puntos del territorio nacional para 2022, demuestra que este sector será uno de los jalonadores de empleo e inversión en esta nueva normalidad.
La Vicepresidencia de la República dio a conocer la aprobación de los recursos por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, los cuales asegurarán la generación de más de 105.000 empleos. Una cifra clave ya que el último dato de desempleo muestra que, aunque la tasa tiende a la baja aún permanece en niveles históricos en cuanto a desocupados y cesantes.
Estas 50 obras hacen parte de dos programas: ‘Concluir y Concluir’, que tiene como objetivo terminar corredores viales y otros proyectos que desde gobiernos pasados seguían inconclusos, y el de ‘Vías para la Legalidad’ en las que están contenidas muchas de las grandes obras públicas necesarias para jalonar el comercio y la economía colombiana.
“Reactivaremos el país con obras que generarán desarrollo con impacto social en las regiones”, expresó Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República.
En cuanto al programa ‘Concluir y Concluir’ se estructurarán 28 proyectos viales de obra pública en los que se intervendrán 2.000 kilómetros en 19 departamentos. Para esto habrá una inversión de $2,23 billones, de los cuales, $450.000 millones serán para inversión de la Transversal del Pacífico en el Chocó con 43 kilómetros intervenidos, solo esta megaobra se lleva 18% del total que hay disponible.
Además, estas inversiones generarán aproximadamente $110.524 millones mensuales de ingresos a la economía y 39.560 empleos directos.
Para Jairo Espejo, experto en el sector constructor, estas obras por concluir deben ser la tarea primordial para la administración actual. “El esfuerzo grande que tiene el Gobierno en los años que le faltan es que las obras sin concluir se concluyan y gestionar las obras que ya están identificadas”, dijo.
Por otra parte, está el programa ‘Vías para la Legalidad’. Con este, las autoridades pretenden poner en marcha 22 corredores viales con una inversión de $9,2 billones y que jalonará un total de 66.123 empleos directos.
Estas obras tienen proyecciones entre cinco y 10 años para la culminación y pretenden mover mensualmente para la economía $66.608 millones.
“Queremos vías para el campo, para las ciudades, porque así combatimos la pobreza, dinamizamos el comercio, generamos empleo y avanzaremos hacia el desarrollo transversal”.
“Las obras que no se han podido cumplir tienen unos cuellos de botella para los que debe haber una mesa de trabajo y así procurar darles cierre. Se debe invertir, pero invertir bien”.
Las obras que más resaltan en este programa y que se llevarán más de 28% del total de la inversión son: La Variante San Francisco Mocoa, con un total de recursos por $1,2 billones y el Túnel GGE y sus respectivas vías de acceso, que necesitarán cerca de $1,4 billones para su construcción.
La adquisición de predios, uno de los problemas que afectan los proyectos
La Vicepresidencia de la República mostró que algunos de los cuellos de botella que afectan la agilidad y viabilidad real del desarrollo de proyectos de infraestructura son la adquisición de predios, el otorgamiento de licencias ambientales, la consulta previa a las comunidades y la asignación de recursos. Por ende, proponen fortalecer el registro único de comunidades ancestrales, coordinar las diferentes entidades del Estado e identificar todos los proyectos de interés nacional, pero que por la coyuntura tienen limitaciones fiscales.
Para el miércoles de esta semana, casi 33% de los artículos contenidos en la reforma pensional fueron aprobados por el Congreso
La generación de empleo formal y la capacitación a las pymes son dos de las propuestas a ejecutar a favor de la iniciativa
De este monto, $3,78 billones fueron para el régimen contributivo y $3,35 billones se destinaron a la financiación del régimen subsidiado
