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Decreto propende a fortalecer el papel de organismos públicos en el sistema.
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A través de un comunicado conjunto, señalan que además de generar incertidumbre en el sector, el decreto le pone responsabilidades a entidades sin capacidad
Un grupo de siete exministros de salud y ocho exviceministros elevaron un comunicado en el que advierten que el Decreto 0858, es una manera de avalar la reforma a la salud sin avanzar con el trámite legislativo y sin tomar en cuenta el concepto de los técnicos y del sector. En la carta señalan que la medida está lejos de resolver los problemas estructurales del sistema, y por el contrario les aumenta la incertidumbre a todos los actores.
La misiva señala que la regulación ratifica los temores que se habían advertido por el deterioro del sistema, y las consecuencias para los pacientes, además que deja de lado todo lo que se intentó construir en los últimos años, en el marco del debate de la reforma a la salud.
“Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo. Este decreto, descrito por algunos observadores como una "colcha de retazos", intenta ser la reglamentación de leyes vigentes, pero establece un nuevo sistema de salud, generando así francas contradicciones con la normativa actual”, reseña el comunicado.
Entre las consecuencias, señalan que podría haber un colapso similar al que se presentó en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y ratifican que la medida no es el instrumento jurídico correcto para implementar los cambios que propone el Gobierno. De hecho, pidieron al Consejo de Estado que tome medidas que frenen la aplicación de dicho decreto.
“Este decreto lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera. No muestra una respuesta clara a las necesidades de los usuarios y pacientes, ni a las expectativas de la sociedad civil. Entre la afiliación y la adscripción, produce desorden. La libertad de elección se ve amenazada, el acceso puede restringirse por fragmentación de la red y la calidad corre el riesgo de deteriorarse por una estatización improvisada”, agregan en la misiva.
Aunque encuentran puntos favorables, por así decirlo, aseguran que hay puntos que definen realmente el alcance de las competencias de ciertas entidades, y por el contrario, debilita el papel de actores como las EPS, que tendrá que trasladarle funciones a entidades territoriales que no cuentan con la capacidad para atenderlas, lo que genera riesgos para el sistema y los pacientes.
Además, señalan que no se tiene un aval fiscal claro, con el que se entienda si el bolsillo estatal está en capacidad de atender las pretensiones del Gobierno. “En suma, el Decreto 0858 no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral que profundiza la incertidumbre”.
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Luego de hacer los cambios, la cartera publicará la resolución para comentarios. Esto ocurre tras las peticiones hechas por el Consejo de Estado
