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Son al menos cinco proyectos de reforma que frenarían su desarrollo con la salida de los jefes de las carteras de Interior, Agricultura, Trabajo, Hacienda y Energía
El 4 de febrero marcó un antes y un después en la gestión de Gustavo Petro. El martes pasado se televisó por primera vez un Consejo de Ministros que no solo mostrólas diferencias en el gabinete ministerial de Petro, sino que también reveló el incumplimiento de algunas de las carteras ministeriales.
Una semana después se contabilizan diez salidas de ministros, unas protocolarias y otras motivadas, que dejan a reformas como la laboral, la pensional, la educativa, a la Ley de Servicios Públicos y al Sistema General de Participaciones en vilo.
El jefe de Estado anunció el domingo en la tarde que le había solicitado a su gabinete ministerial y a los directores de departamentos administrativos sus renuncias con el fin de reorganizar el Alto Gobierno y apostarle por el cumplimiento de las metas trazadas por el presidente. Sin embargo, el miércoles, el exministro de Cultura, Juan David Correa, fue el primer jefe de cartera en anunciar su salida irrevocable del cargo.
Hubo una tensa calma entre viernes y domingo hasta que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó la segunda renuncia irrevocable de su ministerio. Ahora bien, la misma ministra confirmó que su salida no siguió el llamado protocolario de Petro, por el contrario, fue motivada y los indicios apuntan a que el regreso de Armando Benedetti al Ejecutivo fue el detonante detrás de la decisión.
Las otras dos salidas confirmadas de los ministerios son las de Gloria Inés Ramírez de la cartera de Trabajo y la de Juan Fernando Cristo del ministerio del Interior. Cristo ya había propuesto que el gabinete “debía renunciar para dejar en libertad al presidente de hacer los cambios que considere necesarios para asumir los retos de la recta final de Gobierno”.
La ola que despertó la salida de Juan Correa motivó a otros ministros como la de Agricultura, Minas y Energía, Relaciones Exteriores, Educación, Justicia y Hacienda presentar su salida, en este caso protocolaria, atendiendo el llamado de Petro.
El balance con estas salidas deja al Gobierno de Gustavo Petro con 43 ministros desde que asumió en agosto de 2022 y una media de duración de 19 meses. La cartera que más ha rotado en los dos años y medio de gestión es la de Transporte (cuatro) y la de menos es la de Defensa con Iván Velásquez, que se mantiene como el único ministro que no ha sido cambiado.
Ahora bien, el segundo capítulo del remezón ministerial plantea interrogantes sobre qué pasará con los proyectos y reformas que proyectaba el Gobierno en el año y medio que le queda en el poder.
El Ministerio de Trabajo es una de las carteras que quedó sin quién lidere las reformas que siguen su curso en el Poder Legislativo. Aunque se aprobaron 81 artículos de la reforma laboral en octubre del año pasado, aún le restan dos debates más en el Senado para que siga su trámite hasta la promulgación de la sanción presidencial.
De la misma manera, la reforma pensional lleva un avance considerable y solo falta la sanción presidencial, pues en cinco meses entrará en vigencia.
Si bien la reforma al Sistema General de Participaciones, que planteó un aumento en las transferencias a los departamentos a 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta 2034, es una reforma fiscal, el Ministerio del Interior fue el encargado de impulsar este proyecto en el Congreso.
“En el caso de la autonomía territorial, que será sin duda uno de los grandes legados de este gobierno, superamos las diferencias internas y convocamos con éxito a otros sectores del espectro político para aprobar el Acto Legislativo que fortalece el Sistema General de Participaciones”, expresó Cristo en su carta de renuncia.
El siguiente paso será el desarrollo de la Ley de Competencias que, de concretarse, cambiaría en el mediano y largo plazo la estructura y el giro de recursos desde el Estado.
Existen otros proyectos que, aunque no se han aprobado, podrían paralizarse, como lo es la reforma agraria, la reforma a la educación y la reforma a la Ley de Servicios Públicos.
La importancia de que se tramite la reforma a los servicios públicos radica en que se mejoraría la prestación del servicio de acueducto a al menos 12,8 millones de personas que no cuentan con el servicio de acueducto con calidad; de esa cifra, 3,2 millones de personas no cuentan con acceso al agua potable, de acuerdo con información del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
Ante este escenario de incertidumbre política, Mario de la Puente, docente del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores de la Universidad del Norte, cree que es poco probable que el Gobierno logre que se aprueban las reformas estructurales adicionales. Por el contrario, cree que de ahora en adelante, se enfocará en una implementación parcial de programas existentes.
“La reconfiguración ministerial y las limitaciones del calendario legislativo definen una etapa desafiante para la administración. La rotación del gabinete y la entrada en vigor de la ley de garantías afecta la estabilidad institucional y la capacidad de impulsar proyectos de ley”, concluyó de la Puente.
Al gobierno le urge definir con prontitud el reemplazo de los ministros salientes para garantizar la continuación de su plan de gobierno.
Existen seis departamentos administrativos adscritos al Ejecutivo, pero solo dos han tenido al mismo director desde que se posesionó Petro, se trata de Piedad Urdinola del Dane y César Manrique de Función Pública.
En cambio, el Dapre es la dependencia con más directores desde agosto de 2022. En total son cuatro: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia y Jorge Rojas. En el DPS también han pasado cuatro directoresen dos años y medio, entre ellos Gustavo Bolívar.
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