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Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional
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Aunque reconocen la necesidad de atender los efectos de fenómenos climáticos, piden que se respete la Constitución Política
Frente al paquete de decretos que expidió el Gobierno Nacional en razón a la emergencia económica, el Consejo Gremial reiteró su solidaridad con los departamentos afectados con ocasión de la emergencia invernal y con todos los colombianos que atraviesan grandes dificultades por esta calamidad.
El Consejo Gremial apoya que se tomen medidas urgentes que permitan atender la crisis, pero expresa su "rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia invernal como vehículo para expedir medidas que, lejos de estar estrictamente orientadas a conjurar la crisis, introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial".
En ese sentido, desde el Consejo Gremial apuntan a que este tipo de decisiones que tomó el Gobierno Nacional exceden el carácter transitorio y excepcional que la Constitución. Esto porque asignan a las facultades del Ejecutivo en estados de excepción y desbordan el ámbito propio del debate y trámite legislativo ordinario.
"La seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima no son principios retóricos; son pilares del orden constitucional y del desarrollo económico. La imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales, por ejemplo como la reforma a la jurisdicción agraria, bajo la figura de emergencia constituyen un precedente institucional de máxima gravedad", se lee en el comunicado.
No obstante, el conglomerado de gremios señala que la inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables. "Cuando el marco normativo puede alterarse de esta forma, el mensaje es inequívoco, y es que el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye. De ahí la necesidad que el Gobierno Nacional comparta de manera transparente los costos estimados de la emergencia y explique con detalle qué gastos exceden lo presupuestado por la Nación para 2026", continúan en el comunicado.
Finalmente, hicieron un llamado al respeto estricto de los límites constitucionales del estado de excepción y a la defensa del equilibrio institucional. "La estabilidad jurídica no es un interés sectorial, sino un activo estratégico de la Nación", concluyeron.
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