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Frank Pearl, presidente de la ACP
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Para el gremio, las tarifas diferenciales abren un debate técnico sobre equidad tributaria y estabilidad de las reglas de juego
Tras conocerse el paquete de cinco decretos que expidió el Gobierno Nacional para la emergencia, diferentes gremios empezaron a reaccionar frente a las medidas. La Andi y el Consejo Gremial señalaron de imprudentes las medidas. Ahora la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, también expresó su rechazo.
En sus redes sociales, Frank Pearl, representante del gremio manifestó que "gravar el patrimonio significa gravar la capacidad de invertir. La industria de los hidrocarburos reconoce que, en situaciones excepcionales, de emergencia, el país enfrenta necesidades fiscales que requieren respuestas oportunas; sin embargo, estas deben diseñarse con criterios de sostenibilidad y solidez técnica, dadas las implicaciones de mediano y largo plazo".
Hay que recordar que el decreto de impuesto de patrimonio a las empresas impone una tarifa diferencial de 1,6% para el sector. Sobre esto dijo que "la propuesta de establecer un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, particularmente con una tarifa diferencial de 1,6% para el sector minero-energético, amerita un análisis técnico detallado sobre sus efectos en inversión y competitividad". Con esto, el gerente gremial explicó que a diferencia del impuesto de renta, que grava utilidades, el impuesto al patrimonio se aplica sobre los activos acumulados, independientemente de los resultados financieros del periodo.
Es decir que, según lo explicó Pearl, esto implica que se paga incluso cuando no hay utilidades, afectando directamente la liquidez destinada a inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Y sobre las implicaciones particulares para el sector, dijo que este opera bajo ciclos de inversión de largo plazo.
En línea con lo que han expresado otro gremios, desde la ACP también manifiestan que decisiones tributarias de esta naturaleza deben evaluarse considerando su impacto en la inversión futura, la reposición de reservas, la sostenibilidad de la producción y, en consecuencia, en aspectos fundamentales para el país como el empleo, las regalías, los ingresos fiscales y la seguridad energética.
Para este gremio, la aplicación de tarifas diferenciadas también abre un debate técnico sobre equidad tributaria y estabilidad de las reglas de juego. "La ACP está en desacuerdo con los gravámenes discriminatorios y reitera su disposición a participar en un diálogo técnico amplio que permita atender las necesidades fiscales del país sin comprometer la inversión, el empleo y la sostenibilidad del sector energético", finalizaron.
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