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El costo del régimen de prima media podría crecer 8% si el ajuste en la remuneración mínima supera 10%, y equivaldría a por lo menos $1 billón adicional en el PGN
Con la cuenta regresiva en marcha para la conformación de la mesa de concertación para el ajuste del salario mínimo de 2026, se siguen dando luces sobre el impacto que tendría tal aumento en el poder adquisitivo, la inflación y esta vez, en el sistema de pensiones.
En este sentido, Anif señaló que los efectos de un alza en el mínimo del próximo año, muy por encima de la inflación de 2025 y la productividad laboral, dejaría un sobrecosto fiscal de $240.000 millones por cada punto porcentual de ajuste, reflejado en el régimen de prima media del sistema pensional.

“Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada en 2025 de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54%, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a $500.000 millones solo en el régimen de prima media”, señaló Anif.
Según Germán Machado, economista y docente de la Universidad de los Andes, 45% de las pensiones en Colombia son de un salario mínimo y se ajustan basadas en este dato mientras que 55% superan el mínimo y se ajustan con la inflación.
Por ende, estima que un aumento de 11% como lo propuso el Gobierno elevaría el costo pensional en 8%.
“Esto altera completamente el Presupuesto (dado que cambia el costo de las pensiones de Colpensiones, fondo público administrador del régimen de prima media) y generaría un faltante de cerca de $1 billón adicional en 2026”, aseguró Machado.
Anif, por su parte, agregó que una revisión al alza del orden de 10% representaría una carga fiscal al sistema de pensiones del orden de $1,12 billones.
“El problema de subir el salario mínimo muy por encima de la inflación es que el costo para los colombianos de cubrir la nómina de Colpensiones, a través de impuestos, también se incrementa. Genera presiones fiscales que le reducen el margen de maniobra al Gobierno en medio del déficit que atraviesa”, explicó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
Un acercamiento a lo que podría ser el ajuste en el mínimo de 2026 lo dio José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, quien resaltó que el ajuste debería ceñirse exclusivamente a la inflación y la productividad laboral.
“El dato de 7,5% de Anif no distorsionaría el buen curso de la economía. Pero si este ajuste no viene acompañado de mejoras en productividad o formalidad, el sistema puede volverse más costoso e insostenible”, señaló el rector de la EIA.
Camilo Pérez, director de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, coincide en que la inflación y la productividad son las bases idóneas para calcular el ajuste.
Sin embargo, resaltó que los incrementos en el mínimo que se realizaron durante y después de la pandemia también se han visto influidos por la discusión política del momento, lo que ha generado que los costos de producción no crezcan en la misma proporción.
“Si se remunera a los trabajadores por encima de qué tanto más fueron productivos el año anterior, se afecta el costo de producción. Por ejemplo, si un trabajador fue 10% más productivo pero el incremento es de 20%, los costos laborales crecerán y se reflejarán en los consumidores con mayores precios, reflejo de la situación inflacionaria que se vive actualmente”, argumentó Pérez.
Al respecto de la productividad, Mauricio Salazar advirtió que en tanto que se calcula en razón de los trabajos formales y no incluye la informalidad, los ajustes en el salario mínimo no suelen tener en cuenta la informalidad, hoy superior a 50%.
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