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Situación de presupuesto con la caída de la reforma tributaria
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Caída de la tributaria por $16,3 billones, dejó al Gobierno de Gustavo Petro en una posición fiscal más estrecha de lo previsto
La caída de la reforma tributaria, con la cual se esperaba recaudar $16,3 billones, dejó al Gobierno en una posición fiscal más estrecha de lo previsto. Sin esos ingresos proyectados y con un déficit que sigue presionando las finanzas públicas, la única salida viable es ajustar el Presupuesto General de la Nación. La gran duda es dónde hacer esos recortes sin poner en riesgo los programas y las obligaciones ya adquiridas.
LR consultó a varios exministros de Hacienda para conocer cuál es el margen de maniobra del Gobierno, teniendo en cuenta que el recorte no puede hacerse de manera uniforme en todos los rubros y que existen factores clave, como la inversión, que requieren un tratamiento especial.
Un punto importante es el de los gastos de funcionamiento, que incluyen la nómina, los contratos de prestación de servicios, las adquisiciones operativas y el mantenimiento institucional. Aunque es un rubro sensible, en distintas ocasiones se ha planteado la necesidad de revisar funciones para evitar duplicidades, avanzar hacia programas más austeros y priorizar entidades.
Este último punto es en el que más coinciden los exministros consultados. Juan Camilo Restrepo, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana entre agosto de 1998 y julio de 2000, afirmó que “sin duda alguna, donde se debe recortar fundamentalmente es en los gastos de funcionamiento y la burocracia”.
Señaló, además, que desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se han incrementado los contratos laborales y de prestación de servicios, llegando, según él, a aumentar hasta en 400.000 plazas.
En la misma línea se pronunció José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque entre mayo de 2021 y agosto de 2022, quien señaló que, además de los gastos de funcionamiento, es necesario revisar “algunos gastos de transferencias innecesarias que pueden estar en el capítulo de inversión”. Agregó que también se requiere recortar personal dentro de las entidades y hacer “un esfuerzo por eliminar al máximo las OPS, que son la burocracia o la corbata dentro del Estado. Esos son los caminos más apropiados para ese propósito”.
A esta posición se sumó José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de este Gobierno entre agosto de 2022 y abril de 2023, y también titular de la cartera durante parte del gobierno de Ernesto Samper. Ocampo señaló que los recortes deberían concentrarse especialmente en los contratados a término fijo.
Por su parte Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, entre agosto de 2010 y septiembre de 2012, aseguró que solamente el Gobierno “sabe en que han despilfarrado tanta plata”.
“Lo más costoso ha sido perder ese espíritu de macroprudencia que siempre había caracterizado a Colombia y que, además, reconocían las calificadoras de riesgo”.
“Desde que comenzó el gobierno de Petro, entre contratos de trabajo y órdenes de prestación de servicios, se han incrementado alrededor de 400.000 plazas”.
“Solo ellos saben cuánto han despilfarrado. Alguien tendrá que arreglar el cuarto de San Alejo lleno de ratones y cucarachas que va a dejar este gobierno”.
“Se debe recortar en los gastos de funcionamiento, especialmente en los contratos a término fijo. Se espera un alto déficit y la deuda pública más alta de la historia”.
En cuanto a las consecuencias que enfrentará el Gobierno que llegue el próximo año, uno de los principales retos será la caja y, por lo tanto, el déficit que encontrará, pues recibirá menos ingresos. José Manuel Restrepo explicó que esto se debe a las decisiones adoptadas por el actual Gobierno frente a la retención en la fuente, “derivadas del exceso de déficit fiscal y del abultado incremento en las reservas presupuestarias que se pagarán en 2026”.
En la misma línea, Ocampo señaló que el déficit para el próximo año estaría en torno a 6% y que la herencia para el Gobierno que se posesione en agosto de 2026 será un “alto déficit y la deuda pública más alta de la historia”. Por su parte, Echeverry advirtió que “alguien tendrá que arreglar el cuarto de San Alejo lleno de ratones y cucarachas que va a dejar este gobierno como herencia al siguiente”.
El Presupuesto General de la Nación de 2026 fue aprobado a mediados de octubre por $530,7 billones, aunque el Gobierno había proyectado que la Ley de Financiamiento sería aprobada en el Congreso, lo que habría añadido $16,3 billones adicionales. Esto significa que, sin la reforma tributaria, el presupuesto queda desfinanciado.
Esto se explica porque, en la distribución del gasto para el próximo año, el Gobierno había previsto un Presupuesto de $546,9 billones.
Desde el Ministerio de Hacienda habían señalado que, de ese total, $358,1 billones (65,4%) se destinarían a gastos de funcionamiento del Estado, “que tienen por objeto atender las necesidades de operación estatal relativas al cumplimiento de sus funciones”.
Otros $100,4 billones (18,3%) se destinarían al servicio de la deuda por los créditos asumidos por el Estado, los $88,4 billones restantes (16,1%) serían para inversión, es decir, los recursos que el Gobierno orienta a políticas públicas e infraestructura para materializar los objetivos de su programa.
En cuanto a los sectores que recibirán más recursos del Presupuesto General de la Nación, el mayor monto será para el servicio de la deuda pública nacional, con $97,1 billones; seguido de educación, con $88,2 billones; salud, con $78,1 billones; defensa y Policía, con $65,7 billones; y trabajo, con $56,7 billones.
Por otro lado, los sectores con menores asignaciones serán inteligencia, con $178.000 millones; ciencia, tecnología e innovación, con $380.000 millones; deporte y recreación, con $496.000 millones; empleo público, con $661.000 millones; e información estadística, con $832.000 millones.
El Gobierno, por ahora, sigue dando a entender que su salida real será declarar la emergencia económica.
En principio, la reforma tributaria iba a recaudar $26,3 billones, pero luego se redujo a $16,3 billones. Sin embargo, esta misma semana la Comisión Cuarta del Senado votó negativamente la ponencia del Gobierno.
El proyecto proponía eliminar gravámenes como el IVA a los combustibles, a las actividades mercantiles de las iglesias y al entretenimiento, aplicado a boletas con un precio superior a $500.000, así como suprimir el impuesto al consumo de las bebidas alcohólicas.
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