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Al ser un proyecto en estudio por comisiones conjuntas, solo sería aprobado si en todas ganaba el sí, la votación fue cuatro votos a favor frente a nueve en contra
El proyecto de reforma tributaria por $16,3 billones que defendió el Ministerio de Hacienda fue hundido en el Congreso luego de que la Comisión Cuarta del Senado votó negativamente a la ponencia del Gobierno.
El escrutinio se cerró con cuatro votos por el Sí (proveniente de Laura Fortich, Claudia Pérez y John Roldán del Partido Liberal y Aida Avella del Pacto Histórico) y nueve por el No (de senadores del Centro Democrático, Aico, Cambio Radical, de la U, Alianza Verde, Conservador y ADA). Esto implica que el Presupuesto General de 2026 ya no irá por $546,9 billones, sino por $530,6 billones, pues estaba desfinanciado por el monto que se estaba discutiendo.
La tributaria se estaba jugando su suerte en cada una de las comisiones que votó, pero el resultado de la Comisión Cuarta bastó para que el proyecto se hundiera. Esto teniendo en cuenta que, al ser un proyecto en estudio por comisiones conjuntas, solo sería aprobado si en todas ganaban los votos positivos.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que ante el hundimiento del proyecto, la única alternativa que le queda al Gobierno para financiarse en 2026 es un recorte presupuestal, escenario que ya se vio este año con la caída de la ley de financiamiento de 2024.
“Estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal (...) esos $16,3 billones representan menos de 3% del Presupuesto General de la Nación, que ascendía a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”, dijo Mejía.
En este sentido, el exministro de Hacienda y rector de la EIA, José Manuel Restrepo, comentó que el recorte presupuestal podría verse reflejado en las inversiones sociales, burocracia “y en todos los mensajes que le den tranquilidad a los mercados internacionales para reducir el costo del financiamiento público, que hoy es 50% más costoso de lo que se ubica en condiciones normales”.
Ahora, el presidente Gustavo Petro advirtió el viernes pasado que el recorte presupuestal solo lo haría en el gasto de inversión ante la prevalencia de los gastos inflexibles, lo que implicaría, en sus palabras, “las carreteras 4G y el Metro de Bogotá”.
Trayendo a colación el aplazamiento presupuestal de este año (de $12 billones, que redujo el Presupuesto de $525 billones a $513 billones), sería el segundo recorte en recursos a proyectos viales luego de que este año se recortaran $1,43 billones a Invias y la Agencia Nacional de Infraestructura.
Otro plan B que podría darle un respiro es el proyecto de ley de reactivación económica, alternativa que ya pasó su primer debate y está a la espera del inicio del segundo.
Busca dar alivios y beneficios a ciudadanos y empresas por medio de rebajas en sanciones, intereses y multas, exenciones tributarias sectoriales, y líneas de crédito. También impulsa sectores específicos como lo son el turismo, el transporte, las energías renovables y la infraestructura regional a través de flexibilidades tributarias.
Entre las concesiones que el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, había anunciado estaban la eliminación del impuesto al consumo de las bebidas alcohólicas, del cual el Gobierno resaltaba un potencial de recaudo de $3 billones para 2026.
A su vez, el proyecto hundido en el legislativo ya había eliminado gravámenes como el IVA a los combustibles, a las actividades mercantiles de las iglesias y al entretenimiento, reflejados en boletas con un precio mayor a $500.000.
“Esos $16,3 billones representan menos de 3% del PGN, de $547 billones. Es insostenible decir que se compromete estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
“Se debe reducir el costo del financiamiento público, que hoy es 50% más costoso de lo que se ubica en condiciones normales y un recorte en la inversión social”.
Aída Avella comentó que el hundimiento de la reforma tributaria impedirá que las personas con patrimonios superiores a $6.200 millones ya no se acogerán a un recaudo progresivo como lo planteaba el proyecto, lo que implica que el Gobierno dejará de percibir $2,2 billones desde el próximo año.
En un tercer renglón (después del ‘impoconsumo’ a las bebidas alcohólicas y el impuesto al patrimonio), de los gravámenes a personas jurídicas, como entidades financieras y las carboníferas, se esperaba el tercer recaudo más alto con $1,3 billones desde 2026.
El senador Mauricio Gómez Amín señaló que el hundimiento del proyecto “blindará el bolsillo de los colombianos. Mientras tanto, Enrique Cabrales (quien también votó negativamente por el proyecto) afirmó que el proyecto empobrecía a los colombianos y “acababa con las empresas”.
El presidente Gustavo Petro había sugerido que, en caso de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria, contemplaría la posibilidad de que se declarara un estado de emergencia económica.
“Quienes hablan de derroche del gasto y de recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, dijo Petro en X.
Sin embargo, la senadora por Alianza Verde, Angélica Lozano, afirmó que en la Corte Constitucional no existe ningún fundamento para declararse, pues solo se aplica a “hechos sobrevinientes, previsibles o catastróficos como desastres”.
Sin ir muy lejos, Lozano recordó la declaratoria de inexequibilidad de una emergencia económica, social, y ecológica en La Guajira en 2023.
“La Corte Constitucional ha sido categórica en reiterar que los estados de excepción no pueden ser usados para sustituir o corregir el funcionamiento natural de las ramas del poder público, ni para evadir las consecuencias políticas de un trámite legislativo democrático”, dijo la senadora de Alianza Verde, quien recordó que el Gobierno se expondría a una violación del principio de separación de poderes y la desnaturalización del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia.
Pese a que el hundimiento de la reforma tributaria desajustó las cuentas del Gobierno, todavía dispondrá del Presupuesto General más alto de la historia. Supera en casi $17 billones el presupuesto de este año, $187 billones por arriba del registro de 2022 y $301,6 billones del de 2017. Ahora, Restrepo señaló que el PGN ya estaba desfinanciado en al menos $40 billones y que podría deberse a metas de recaudo sobreestimadas. El deglose de los últimos PGN refleja una diferencia de meta de $137,6 billones entre 2022 y el año pasado.
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