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Germán Ávila, ministro de Hacienda
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Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Competencias, que propone una nueva distribución de los recursos del SGP, detalla las competencias de los distintos niveles de gobierno en los tres sectores priorizados, define principios básicos para la descentralización y establece una institucionalidad para administrar este proceso.
La iniciativa también introduce una clasificación básica por capacidades y atributos, para desarrollar una descentralización asimétrica que tenga en cuenta las distintas capacidades y vocaciones de cada territorio del país.
"La ley busca dar vigencia y desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, el cual incrementa los recursos del Sistema General de Participaciones y ordena la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno: Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas", explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El Gobierno, mediante una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, así como expertos de la Misión de Descentralización, la CRA, el Dane y el Departamento Administrativo de la Función Pública, adelantó desde enero de este año un trabajo que incluyó más de 150 reuniones para la elaboración del borrador de la ley.
Además, para el proyecto también se realizó el proceso de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas
El proyecto también se construyó a partir de un proceso de diálogo que involucró a diversos actores, a través de más de 30 espacios de discusión. En estos participaron los principales gremios representativos de las entidades territoriales, como la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales y la Asociación de Ciudades Intermedias, las Regiones Administrativas y de Planificación, Fecode, la Defensoría del Pueblo y la academia.
El ejercicio también incluyó la participación de expertos internacionales convocados por las Naciones Unidas, así como foros regionales organizados por la Universidad Nacional, la Esap y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este proceso de concertación derivó en una revisión sustancial y en el fortalecimiento del contenido del proyecto de ley.
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027.
Jorge Henao, gerente general de la compañía, aseguró que la filial del GEB tiene la capacidad de fondear el total del proyecto, estimado en un Capex de US$150 millones
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