El Gobierno expidió el Decreto 579 mediante el cual se aplaza el reajuste de las tarifas de arriendo en el país

Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co

Dos semanas después de que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunciara algunas medidas en el pago de los arriendos, el Gobierno Nacional por fin expidió los ajustes generales en la reglamentación. Se trata del Decreto 579 mediante el cual se tomaron disposiciones para los contratos de arrendamiento y en la propiedad horizontal.

En concreto, según anunció el Gobierno, son cinco cambios en los que, a grandes rasgos, se prohiben los desalojos, las alzas en las rentas de inmuebles comerciales y residenciales y la prorroga de los contratos. De acuerdo con el documento final, en estas medidas se incluirán aquellos casos en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales o mensuales.

Sobre los desalojos, no se puede sacar a las personas independientemente de su forma de pago, y frente a las alzas, se aplazó el reajuste anual hasta el 30 de junio. Hasta esta fecha serán prorrogados los contratos que estuvieran por vencerse.

“Estas medidas responden fundamentalmente a dos premisas: garantizar que las familias se queden en sus casas durante el aislamiento preventivo y proteger a aquellas familias que, como consecuencia de esta difícil coyuntura, perdieron su ingreso (...). Estas medidas aplican tanto para las viviendas como para los locales comerciales arrendados por Mipyme”, le explicó Malagón a LR.

Tal y como quedó estipulado en el acto legislativo, las medidas se extenderán hasta antes de julio. No obstante, tanto a arrendadores como arrendatarios tendrán que fijar los parámetros de cómo cancelarán sus obligaciones, pues, según el Ministerio, las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales de los cánones.

Se prohibió además que el arrendatario pague intereses de mora o penalidad, y en caso de no tener un acuerdo, la totalidad de las mensualidades deberá ser pagada.

LOS CONTRASTES

  • Jonathan MalagónMinistro de Vivienda

    “Las medidas responden a dos premisas: garantizar que las familias se queden en sus casas y proteger a quienes, por la coyuntura actual, perdieron su ingreso”.

Bajo esta estrategia, el Gobierno prevé beneficiar a más de cinco millones de hogares que viven en arriendo en el país, según las cifras de Fedelonjas. No obstante, esta medida ya ha generado no solo voces a favor sino también en contra. La razón, dicen los expertos, son disposiciones poco técnicas y más populistas.

“El Gobierno está dando un poco de contentillo a ambas partes, pero sin duda bajar esos cargos podría afectar a los arrendadores. Hay que ver cómo se fijan métodos de pago”, explicó Óscar Mario Botero, abogado inmobiliario & urbanístico

Y es que la razón por la cual se alivia el bolsillo de unos, pero se afecta el de otros es debido a que la renta mensual de las viviendas en alquiler asciende a $2,26 billones, un monto que no llegaría ahora a todos los propietarios. De hecho, es de resaltar que esta problemática también se ve, pues, según Fedelonjas, por cada 100 viviendas que se construyen, entran 18 en alquiler.

El presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez Franco, aseguró que, según las cifras más recientes, se mueven anualmente $23,7 billones en contratos de arrendamiento por pago de canones mensuales, mientras que para el caso de los muebles comerciales se mueve cerca de $26 billones. Esto da que el consolidado total se da de $49 billones.

Vásquez también ratificó que desde el sector inmobiliario en términos generales los colombianos cumplen con los cánones de arrendamiento, pues siempre los indicadores de morosidad se han mantenido en niveles muy bajos.

Es de resaltar que el directivo destacó, además, que no solo se deben mirar estas medidas, sino también las de propiedades horizontales, las cuales “podrán acudir a los fondos de imprevistos para atender esta crisis sanitaria”, concluyó.