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Se aprobó en primer debate aumentar las sanciones administrativas que puede imponer la Superintendencia Nacional de Salud
La Asociación de Empresas de Medicina Integral (Acemi) emitió un comunicado en el que se mostró de acuerdo con la posibilidad de aumentar las sanciones administrativas que puede imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las entidades y personas que operan en el sistema de salud, lo que se lograría con el proyecto de ley No 198/18 S, que fue aprobado en el primer debate.
Sin embargo, la Asociación destacó que junto con este fortalecimiento de la capacidad sancionatoria se debe precisar de manera clara cuáles son las conductas sancionables. Además, estas sanciones deberán ser proporcionales a la gravedad del acto para que no se incurran en arbitrariedades y violaciones al debido proceso.
En la comunicación también se señaló que, para dar seguridad jurídica, se aclaren temas como en qué punto de la cadena de valor del sistema de salud dejan de ser públicos los recursos del sistema de salud y cuándo es legal o ilegal que una EPS invierta en infraestructura, equipos y tecnologías en beneficio de sus pacientes, entre otros.
“En un entorno de inseguridad jurídica, los procesos sancionatorios fortalecidos son un regalo para los corruptos, que son los que saben, con sus mañas, incidir en el funcionario investigador para que opte por la interpretación más conveniente. Para la gran mayoría de servidores públicos y privados del sistema, honestos y bien intencionados, unas sanciones severas establecidas en un marco de confusión y contradicción, se constituye más
bien en un desincentivo para trabajar en el sector", dijo Gustavo Morales, presidente del gremio.
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Los tres agregados tienen una tendencia descendiente. El de chingaza tiene un nivel de llenado de 46,78%, el de norte de 54,11% y el sur con 98,03%
La mención de los gravámenes a esta categoría nace en el contexto del aumento de la UPC de 5,36% que se propuso para 2025
