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La estrategia de Gustavo Petro, de atacar las otras ramas del poder y deslegitimar la institucionalidad colombiana, persigue claros fines políticos, entre ellos cuatro objetivos fundamentales: movilizar su base electoral, desviar la atención de su mal gobierno, confundir con una narrativa populista y justificar reformas radicales.
En primer lugar, busca proyectarse como un líder limitado por un “sistema corrupto o ineficiente”, que él asegura bloquea el progreso social. Al posicionarse como un luchador contra este “estamento”, fortalece su imagen ante su base electoral. Segundo, intenta desviar la atención de los problemas que enfrenta su administración, como la inseguridad, la economía estancada, la corrupción y la falta de ejecución. En lugar de asumir la responsabilidad, señala a otras ramas del poder, periodistas y empresarios, creando cortinas de humo.
En tercer lugar, recurre a una narrativa populista, donde él se presenta como la única opción viable para el “verdadero cambio”. Al enfrentar a las instituciones tradicionales, que retrata como elitistas u obsoletas, justifica su confrontación y busca incrementar su poder, preparando el terreno para medidas excepcionales. Esta táctica es característica de líderes que buscan centralizar el control bajo la premisa de que las estructuras existentes no sirven. Finalmente, al minar la confianza en las instituciones, Petro justifica reformas profundas, promoviendo cambios radicales y aumentando la concentración del poder en el ejecutivo.
Recientemente, esta estrategia se ha intensificado, con ataques directos al poder judicial, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso, junto con sus presidentes. También ha lanzado insultos a periodistas y ha involucrado a ciudadanos respetables en sus narrativas de desprestigio. Además, ha llamado a la movilización de sus seguidores para protestar contra decisiones judiciales y políticas que considera adversas.
Es crucial entender esta táctica y rechazarla con firmeza. Petro incluso ha hablado de un supuesto golpe en su contra, acusando a la élite política, la justicia y el empresariado de conspirar para destituirlo. Como si fuera poco, ha restringido a la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones constitucionales, lo que ha permitido que territorios como Arauca sean tomados por el ELN, dejando al Ejército con víctimas sin poder actuar plenamente; esta semana, en solo un ataque terrorista, se contaron dos militares muertos y 26 heridos.
De seguir en esta línea, el presidente se aleja de la Constitución, pretendiendo generar desconfianza en las instituciones e incluso en el Estado de derecho. Al mismo tiempo, se profundiza la crisis económica, la inestabilidad política y el aislamiento internacional, mientras el descontento social sigue en aumento. Frente a este panorama, es fundamental defender la Constitución, la independencia de los poderes y las instituciones que están siendo atacadas. Solo protegiendo nuestra democracia podremos garantizar la libertad individual, el desarrollo social y la estabilidad política.
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