Analistas

Contratación pública

La corrupción es la conducta humana que, más allá de transgredir normas legales, vulnera principios éticos. En Colombia, la corrupción es estructural y sistémica. Para entender tan nefasto fenómeno y poderlo combatir, es necesario colocar atención institucional y descubrir los patrones de la misma y no solo sus episodios, representados algunos de estos en escándalos mediáticos.

La administración de justicia merece capítulo aparte, porque esta faceta de la corrupción socava las bases fundamentales del Estado, de la democracia y debilita la seguridad institucional. No es claro si la corrupción está creciendo en nuestro país o lo que sucede es que prácticas organizadas de corrupción hoy se destapan de manera más visible. Además, la falta de planeación y articulación territorial la propician.

La corrupción es uno de los aspectos de mayor pérdida de patrimonio de las empresas y de recursos del erario, lo que afecta a toda la sociedad. Si bien institucionalmente se está combatiendo, incluso con purgas al interior de las propias autoridades y entes de control, este flagelo ha permeado al país. Es corrupto desde el funcionario que recibe sueldo sin trabajar adecuadamente, hasta las redes de corrupción.

Pues bien, un fenómeno sistémico de corrupción es la inadecuada contratación pública. En un país donde la economía es de mercado, la licitación pública es un acertado instrumento para contratar en sana competencia, en igualdad de condiciones para los proponentes. Complementa tener diseños previos completos para facilitar la comparación objetiva de las propuestas. No obstante, en la contratación pública existe alto grado de corrupción. Los principales sobrecostos nacen de contratar sin diseños de detalle.

Entonces, ¿qué hacer para la transparencia de la contratación, el buen manejo de los recursos públicos y generalizar la ética de lo público? En particular, ¿el proyecto de pliegos únicos es la solución? El proyecto de ley que hoy se tramita, con pliegos tipo para todas las entidades de nivel nacional y territorial, tiene sus razones, pero también detractores.

Expertos juristas no creen que un pliego tipo sea la solución para acabar con la corrupción en la contratación pública, puede violentar la planeación y termina estandarizando los requisitos sin tener en cuenta las realidades de cada región; podría atropellar la autonomía territorial. Por ejemplo, existen zonas en las que para lograr ejecutar la obra se requiere permisos adicionales, cuyos pliegos tipo desconocen.

Si bien tener pliegos base puede ser un avance para que los contratantes no puedan acomodarlos a favor de su elegido, el legislador debe concentrarse más en la forma como se eligen los órganos de control y en la génesis de la corrupción. Paralelamente, es necesario construir cultura de la legalidad; los colombianos debemos renunciar a aprovecharnos ilícitamente de los errores de los demás.

De otra parte, es evidente el desequilibrio en el nivel técnico, legal y financiero entre el equipo de las entidades públicas contratantes y las empresas privadas. Los funcionarios públicos deben ser competentes y bien pagados. Las interventorías, así como el exceso de trámites, en ocasiones son fuentes de corrupción; deben mejorar las primeras y racionalizar los segundos. En fin, es perentorio combatir la corrupción en la contratación pública.