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En los decretos recientes de emergencia económica, el Gobierno dispuso que cerca de unos 20.000 pensionados (en la franja cercana a pensión mínima) fueran trasladados del sistema de “retiro programado” de las AFPs hacia el sistema público de Colpensiones y con sus respectivos ahorros (por cerca de unos $5 billones). En principio, la razón esgrimida por el Gobierno para proceder así con el 20% de los pensionados bajo esa modalidad tuvo que ver con el desplome de los mercados a nivel global por cuenta de la pandemia, temiendo que ello ponía en riesgo su garantía de pensión mínima.
Sin embargo, esa decisión en realidad tiene dos elementos de mucho trasfondo que ameritan análisis. Lo primero que cabe aclarar es que este desplome repentino, per se, no tendría por qué sembrar dichas dudas sobre la garantía de pensión mínima. Así como los portafolios invertidos en renta variable cayeron en febrero y marzo (-30% en lo corrido del año), de igual manera han tendido a recuperarse (+20% a lo largo de abril). Si la economía mundial lograra recuperarse en “V” a partir de septiembre de 2020 (escenario que supone levantamiento gradual de cuarentenas de mayo en adelante), es probable que el retorno de la renta variable (la más golpeada hasta el momento) logre promediar cerca del 5% anual durante 2019-2020. Esto se inscribiría dentro de los parámetros de rentabilidades esperadas a largo plazo.
El segundo elemento tiene que ver con la forma en que el Gobierno decidió echarle mano a $5 billones de esos portafolios de las AFPs, en vez de haber facilitado la profundización del mercado de rentas vitalicias a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM, con $24 billones disponibles en TES). En efecto, las AFPs se han visto forzadas a manejar el esquema de “retiros programados” para atender aquellos que no han logrado obtener una renta vitalicia y, aunque sus portafolios son “conservadores”, estos también han mostrado alta volatilidad.
El mercado de rentas vitalicias presenta tres problemas centrales en Colombia: i) alto riesgo jurídico por extensión amañada del periodo de disfrute hacia “familiares” que aparecen ante los jueces después del otorgamiento de la renta vitalicia; ii) la falta de instrumentos financieros a largo plazo; y iii) la incertidumbre sobre reajustes futuros del SML.
En el primer caso se tiene que una renta vitalicia pensada por la aseguradora a 23-25 años, resulta extendiéndose por vía judicial hasta +30 años, lo cual genera cuantiosas pérdidas. En el segundo caso se tiene que han surgido algunos TES a más de 10 años, pero su mercado todavía es pandito.
Y, en el tercer caso, resulta que atender el flujo de caja de la renta vitalicia encierra alta incertidumbre sobre la trayectoria del SML. Este se ha venido ajustando en términos reales cerca del 2% anual. Pero las ganancias en productividad laboral han promediado tan solo 0,5% anual. Esto implica que las aseguradoras enfrentan un descalce de al menos 0,5% anual, aun si el decreto de deslizamiento del SML los ha venido cubriendo por descalces hasta de 1% en promedio anual.
La idea de asignarle a Colpensiones (carente de reservas) todas estas garantías pensionales redundará en mayores presiones fiscales. Lo fácil en el corto plazo ha sido apropiarse de los recursos del Fonpet y de esta otra porción de las AFPs. Lo difícil, pero sería lo responsable, es entrar a corregir la alta regresividad en las pensiones del sistema público y utilizar el Fgpm para asegurar mejor cubrimiento pensional en los estratos bajos.
Con relación a este último punto del Fgpm, vale la pena repicar aquí sobre la propuesta que hemos venido haciendo referida a la mejor forma de revitalizar el mercado de las “rentas vitalicias” a través de: i) utilizar los $24 billones (2% del PIB, ver gráfico adjunto) que se tienen guardados allí para complementar pensiones mínimas que, por ejemplo, muestren faltantes inferiores a 20% del monto ahorrado al momento de la pensión; y ii) requerirle a la aseguradora Estatal-Positiva que entre a promover dicho mercado al actuar como garante de rentas vitalicias en ausencia de ofertas por parte del aseguramiento privado.
En particular, el subsidio individual otorgado a través del Fgpm podría llegar a ser de unos $84 millones para cotizantes sobre de 2SML (= $180 millones requeridos para una renta vitalicia de 1SML - $96 millones ahorrados por ellos durante 1.150 semanas). Y si fueran cotizantes de 1SML, el subsidio se elevaría hasta $132 millones (= $180 millones - $48 millones ahorrados).
Estos subsidios se asignarían bajo un esquema de “primero ocurrido históricamente, primero servido”. Complementados los faltantes a través del Fgpm, se procedería a convocar una subasta entre aseguradores privados que oferten el costo de las rentas vitalicias. Aquí vale la pena examinar el exitoso esquema del SCOMP que actualmente opera en Chile.
Si persistieran los riesgos jurídicos y financieros antes comentados, es factible que por un tiempo más deba recurrirse al soporte de la aseguradora Estatal-Positiva como garante. Este esquema evitaría tener que “correr a salvar” a los pensionados bajo modalidades de retiros programados y preservaría los ahorros en las AFPs, con sus claros beneficios sobre el mercado de capitales y la inversión en infraestructura. Al menos el MinHacienda tuvo el pudor de salir aclarar que esos recursos de las AFPs tan solo los estaba tomando prestados de manera temporal y, añadimos nosotros, de forma innecesaria dado el Fgpm.
