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Se ha venido retomando el debate sobre la productividad multifactorial en Colombia, dada la preocupación generalizada sobre registros negativos cercanos a -0,3% anual durante el período 2015-2018. Estas cifras son consistentes con proyecciones de crecimientos del PIB-real de 1,8% en 2017 y de 2,3% en 2018.
Estos registros representan un deterioro estructural respecto de ganancias multifactoriales cercanas al 0,9% anual durante el período de auge minero-energético de los años 2000-2016. Las multilaterales, los consultores internacionales y los propios empresarios colombianos son conscientes de la crisis de innovación por la que atraviesa el país. Esto es particularmente apremiante, pues era precisamente en esta coyuntura 2015-2020 cuando más requeríamos esa innovación y diversificación exportadora, en vez de seguir con la alta dependencia en commodities (todavía representando cerca de dos terceras partes de los US$36.000 millones de exportaciones, ahora tan solo equivalentes a un 14% del PIB).
A pesar de la conciencia que se tiene del problema, la verdad es que poco hemos avanzado y, de hecho, en los últimos años hemos retrocedido en competitividad global, particularmente en el frente impositivo y cumplimiento de contratos e institucionalidad. Y las ganancias en educación y dotación de infraestructura continúan siendo marginales, tal como lo registran los últimos reportes del WEF. La pregunta es: ¿Qué hacer, cómo actuar rápido y bien, dado que los diagnósticos de la problemática están bastante claros?
En opinión de Anif, el nuevo gobierno que llegará en agosto de 2018 NO debe arribar con la magra idea de simplemente convocar otra Comisión sobre Competitividad. Lo primero que debe hacer es un rápido balance sobre dónde están los principales cuellos de botella y las razones por las cuales estos no han podido ser superados. Esto ocurre a pesar de tenerse un gran cúmulo de instituciones públicas y privadas dedicadas a mirar estos temas, donde mencionamos tan solo las dedicadas específicamente a ello: Alta Consejería Presidencial de Competitividad; DNP; MinComercio, y Consejo Privado de Competitividad.
No ha valido mucho los múltiples programas de “choque” (como los PIPES o los Colombia-Repunta, más propagandísticos que sustantivos). Continúan desvalidos los sectores que deberían estar liderando la diversificación productiva, creciendo a pobres ritmos en promedio anual durante 2015-2018 (proyectado): 1,5% en la industria; 2,4% en el agro; y 3,5% en la construcción.
La tarea prioritaria de la nueva Administración debería ser instaurar un task-force (grupo de acción) que trace trayectorias y horizontes de acción a 12-24 meses para romper los principales nudos gordianos en materia de lo que Anif ha denominado el “Costo Colombia”. Estos altos costos están relacionados con: fletes de transporte y logística; costos laborales (especialmente no-salariales); insumos energéticos, y mecanismos de estabilización para mantener una tasa de cambio más competitiva en cerca de 10% real. No es casual que el reciente análisis sobre por qué EE.UU. continúa liderando la productividad multifactorial provenga de mantener bajos costos en frentes de: insumos energéticos, flexibilidad de mano de obra, educación-pertinente y marco regulatorio pro-mercado, entre los 10 factores más importantes (Feldstein, 2017).
¿Por qué ha sido posible que el sector privado sí logre darles el vuelco a grandes empresas para hacerlas viables a través de contratar “consultoras” de alto calibre con joven talento dedicado a proveer soluciones prácticas en corto plazo? ¿Y por qué esto no ha sido posible en el caso del Estado colombiano?
Las respuestas son múltiples y las socorridas tienen que ver con tamaño del Estado, falta de voluntad política, corrupción, intereses encontrados de grupos que desde el propio sector privado tienen “capturado” sectores cruciales del Estado, etc... Es claro que se trata de una problemática global, donde las ideas del reciente premio Nobel de Economía Richard Thaler trataron de ser aplicadas a la modernización de EE.UU., con un estruendoso fracaso, a pesar de estarlas dirigiendo el respetado Profesor Sunstein. Y, acaso, ¿Quién dijo que esto sería fácil tratándose del Estado?
Pues bien, para ser prácticos, en el caso de Colombia ahora tenemos un gran aliado que podría hacer las veces de “un McKinsey del Estado colombiano” durante 2018-2022: el think-tank de la Oecd. Colombia seguramente será aceptada como miembro pleno de dicho Club de buenas prácticas antes de finalizar la Administración Santos, por lo cual van nuestras sinceras felicitaciones al Presidente y a su equipo por tan encomiable logro. Esto quiere decir que ha llegado el momento de aprovechar la vinculación de Colombia a la Oecd.
A diferencia de nuestras vinculaciones al FMI - Banco Mundial - BID - CAF, en el caso de la Oecd no habrá de por medio préstamos ni condicionamientos a los desembolsos. La Oecd es excelente aliado a la hora de ayudar a trazar metas de buen gobierno y llevarlas a feliz término y eso es lo que necesita el país… Un task-force, no más discursos. Así pues, manos a la obra en la reingeniería Estatal... No más Comisiones que posterguen las soluciones, se requieren planes de acción y la “garra” para llevarlas a feliz término, bajo el comando de la Oecd.
