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Con la colaboración de Nelson Vera, Daniel Beltrán y Julián Cortés.
El Dane reportó que octubre de 2018 registró una inflación de +0,12%, en línea con el consenso del mercado, pero algo superior a lo registrado un año atrás (+0,02%). Ello implicó una leve aceleración en la lectura de la inflación hacia 3,33% anual (vs. 3,23% anual del mes anterior), donde continúa jugando la tendencia alcista de la inflación de alimentos a ritmos de 2,25% anual (vs. 2,05% anual un mes atrás). Seguramente dicha tendencia alcista en la inflación de alimentos continuará en lo restante del año, pero sin comprometer la meta cercana a 3% para la inflación total adoptada por el Banco de la República (BR).
La mala noticia provino del repunte en la inflación-subyacente (sin-alimentos) a tasas de 3,78% anual en octubre (vs. 3,71% un mes atrás), revirtiendo la leve tendencia descendente de meses anteriores. Allí son evidentes las presiones de costos provenientes del precio del petróleo, equivalente a un promedio de +42% anual en lo corrido del año (US$72/barril-Brent). Ello se ha reflejado en presiones inflacionarias en los rubros de transporte (+4,4% anual) y gasolina (+7,8%). De manera similar, la inflación de regulados continúa mostrando fuerte inercia inflacionaria a niveles de 6,4% anual (vs. 5,6% un año atrás).
A este cuadro se suman potenciales presiones inflacionarias alcistas por cuenta de brotes de pass-through cambiario con devaluaciones de +5% anual ante el repunte de la cotización a cerca de $3.150/dólar. Prospectivamente, las autoridades deberán monitorear de cerca este tipo de presiones cambiarias, pues al combinarse con las alzas de la tasa repo del Fed se podrían tener desagradables sorpresas a lo largo de 2019. Adicionalmente, los mercados han empezado a dudar de la efectividad de la agenda fiscal trazada por la nueva Administración Duque, ahora bastante enredada no solo ante el desfinanciamiento de 1,4% del PIB en el PGN-2019, sino ante la potencial pérdida de recaudo hasta de -0,7% del PIB durante 2020-2022.
A nivel micro-sectorial, hubo deflación en los grupos de diversión-esparcimiento (-0,07%) y comunicaciones (-0,05%), mientras que se aceleró la inflación en vivienda (+0,36%) y transporte (+0,20%). Por su parte, el IPP reportó una inflación de +1,34% en octubre (vs. +2,39% un mes atrás), llevando su lectura anual a preocupantes niveles de +7,78% anual (vs. +7,21%).
En Colombia, los indicadores líderes continúan mostrando señales de moderada recuperación. Preocupa, por ejemplo, que los ritmos de expansión del PIB-real durante el tercer trimestre de 2018 probablemente estarán más cerca de 2,5% anual que de 3,1% que veníamos pronosticando. Además, persiste el deterioro en el mercado laboral (+0,2pp en la tasa de desempleo promedio año), con elevada probabilidad de registrarse un promedio de 9,6% a nivel nacional y casi 11% en zonas urbanas al cierre del año.
En dicho frente se tiene “ruido político” proveniente de la mala idea de pensar en reajustar de forma extemporánea y exagerada el SML en valores que podrían llegar a 10% para 2019. Dicho ajuste en el SML sería un exabrupto económico, pues tendría graves consecuencias sobre mayores gastos presupuestales, ya que muchos rubros están atados a ese reajuste del SML; mayores presiones de costos-inflacionarios; y una invitación al movimiento-sindical a buscar nuevos reajustes en junio de 2019.
Otra mala idea gubernamental proviene de la llamada ley de financiamiento, dada su incapacidad de incrementar de manera sostenible el recaudo tributario en +1,5% del PIB requerido. La iniciativa radicada en el Congreso no solo no logra ese recaudo adicional, sino que a la altura de 2022 estaremos perdiendo tributación neta por valor de -0,7% del PIB (según cálculos de Anif). Este resultado no debe sorprendernos, pues para 2022 se estará combinando desastrosamente la reducción del Imporrenta corporativo (de 33% a 30%) con la disminución de la tasa general del IVA (de 19% a 17%). En este sentido, nuestra conclusión es que este Proyecto de Ley 240 de 2018 (Cámara de Representantes) debería más bien bautizarse la “Ley de desfinanciamiento presupuestal 2019-2022”.
La opinión pública anda algo desconcertada sobre si la ampliación del gravamen del IVA a mayores bienes y servicios es algo positivo o negativo para el país; en esto no debemos equivocarnos: tratar de llevar la mayor cantidad de bienes y servicios a la tasa general de 19% es algo que requiere Colombia, tanto por equidad, como por sanidad fiscal. En este sentido, el BR debe hacer pública su política de “cláusulas de escape monetarias” para acomodar temporalmente la inflación que momentáneamente pueda generarse por esa sana política fiscal, pues hasta la fecha el BR ha dado a entender que le preocupa tal medida.
Otra es la discusión sobre si se debe tratar de elevar de 70% a 100% la cobertura de dicho IVA, pero al menos deberían ahora ponerse todas las posiciones de 0%-5% a 19% en esa porción de 70% de la canasta que hoy está gravada. Lo que sí sería un grave error es pensar en reducir la tasa general para ganar puntos adicionales en la canasta hoy no cubierta con IVA. El BR ha hecho bien en mantener su período de pausa en la repo, dejándola en 4,25% en su última reunión de octubre. Anif recomienda que la tasa repo se mantenga inalterada en 4,25% actual por el resto de 2018.
