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Ha venido haciendo carrera la peregrina idea de que el reciente auge del narcotráfico en Colombia debe atribuírsele a la devaluación peso/dólar, la cual ya acumula un esperado correctivo nominal de cerca de un 50% durante el período 2014-2017. En ocasiones el tono de esa argumentación suena a excusa a favor de Santos-II por cuenta del irrestricto apoyo que algunos profesan al proceso de paz y los Acuerdos de La Habana.
Pero estamos también quienes hemos apoyado ese proceso de paz, pero nos aterra la gravedad de esa expansión del narcotráfico y la fragilidad jurídica que se ha montado a través de vías rápidas de mayorías parlamentarias (las mismas que los llevaron a equivocarse con la reelección inmediata de Uribe I-II y de Santos I-II, hoy afortunadamente abolida).
Flaco favor se le estaría haciendo a la democracia y a la consolidación económica de Colombia si el expediente de la era del posconflicto 2018-2022 se llegara a fundamentar en no combatir el narcotráfico con toda la vehemencia requerida. Hasta la fecha las cifras nos hablan de una inusitada expansión de las áreas cultivadas con narcóticos (más que triplicándose al pasar de 50.000 a 180.000 hectáreas durante los últimos 3 años, según el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos) y de una producción e interdicción que se han duplicado (ver Comentario Económico del Día 4 de julio del 2017).
Recordemos que actualmente Colombia nuestra una economía “subterránea” del orden de 40% del PIB (= informal 34% del PIB + ilegal 6% del PIB), similar a lo que ocurre en México y tan solo superada en tamaño por Perú, ver gráfico adjunto. Esa economía subterránea en Chile no supera el 20% y la de Estados Unidos se estima en 12% de su PIB (ver Informe Semanal No. 1365 de mayo del 2017).
De allí la importancia de cambiar la actitud permisiva con el narcotráfico que se viene destilando detrás de los supuestos apoyos a la democracia y a la inclusión social del llamado Acuerdo de La Habana. Bienvenida la paz y hasta las amnistías a los guerrilleros, tras la esperanzadora entrega de armas, pero de ninguna manera podemos bajar la guardia frente al narcotráfico.
Es entonces importante analizar esa peregrina idea de que el culpable del auge del narcotráfico ha sido la devaluación, dando a entender entonces que el Banco de la República tendría que abandonar su exitoso esquema de Inflación Objetivo y de Flotación Cambiaria. Pero el problema con abandonar la flotación cambiaria es que ello implicaría renunciar al necesario ajuste cambiario de mercado que se requiere tras los graves daños que nos dejó la “enfermedad holandesa” del periodo 2005-2014.
Para concluir que “la devaluación es la culpable”, se requeriría demostrar que ese factor pesa mucho más que otros determinantes de la cadena productiva narco-delictiva. También debería poderse explicar por qué las exportaciones no-tradicionales de agro e industria no se han visto beneficiadas por dicha devaluación.
Es claro que los factores que explican el auge narco de Colombia tienen que ver con la permisividad a través de no erradicación, no fumigación y no persecución efectiva de los narcotraficantes (incluida la guerrilla) durante 2014-2017. Dicho de otra manera, frente a una demanda estable y con crecimiento vegetativo del 2% anual, lo que ha disparado las exportaciones de narcóticos desde Colombia ha sido un favorable choque de oferta (por inacción Estatal).
Entretanto, el mundo formal que produce esas exportaciones no tradicionales ha venido enfrentando mayores costos por cuenta del IVA, alzas en fletes (donde el costo de movilización de contenedores duplica el de Chile) y la competencia creciente desde Asia. En cambio, Colombia ha mostrado “ventaja comparativa” en sus exportaciones de narcóticos por cuenta de la alta informalidad e ilegalidad productiva.
Luego lo requerido para restablecer nuestras exportaciones no tradicionales hacia niveles de los US$20.000 millones/año (hoy en tan solo US$10.000 millones/año) tiene que ver con: i) abaratamiento de los costos del transporte, donde infortunadamente el legado Santos I-II de infraestructura tan solo mostraría sus frutos por allá en 2020-2022; ii) relocalización de la base productiva exportadora hacia las Costas; iii) reducción de los costos laborales no-salariales, los cuales hoy todavía bordean el 50%; y iv) curiosamente, mayor devaluación real de 5%-10% para llevar nuestra tasa de cambio hacia la Paridad del Poder Adquisitivo, la cual vendrá gracias a la flotación cambiaria.
La excusa del fracaso exportador del agro y la industria no puede ser que una mayor devaluación estimularía más las exportaciones de cocaína. El mandatario del período 2018-2022 tendrá una doble tarea en materia de consolidar el proceso de paz (bien idas las Farc), pero al mismo tiempo restablecer el imperio de la Ley en su lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad que se ha tomado a Colombia.
