Desfalcos financieros, castigos judiciales y endurecimiento regulatorio

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Finalmente se hizo evidente el “desalineamiento” de intereses entre las firmas financieras y sus CEOs durante la prolongada crisis hipotecaria (2007-2012). En efecto, las retribuciones en bonos-premio estaban atadas a desempeños cortoplacistas que minaban la solidez de muchas firmas financieras. Lo preocupante ha sido que las malversaciones de fondos y las apuestas arriesgadas han continuado durante 2012-2013, sin que las entidades regulatorias (como la Securities and Exchange Commision de los Estados Unidos) estén disuadiendo esos malos comportamientos a través de castigos severos a los implicados.

Parecería que los jueces estuvieran más interesados en incrementar las arcas estatales que en imponer sanciones disuasivas. ¿Qué hacen los presidentes de bancos negociando directamente con los jueces el pago de mayores multas a cambio de no reconocer “prácticas malas o hasta delincuenciales”? ¿Por qué no se les retira la licencia profesionales o son llevados a la cárcel quienes incurren en prácticas de claro engaño?

Sólo en meses recientes y ante el clamor de un “Main Street” escandalizado con lo que ocurre en “Wall Street”, se ha notado un endurecimiento judicial en los Estados Unidos, pero donde todavía se enfatizan el pago de multas y no la prohibición de seguir en el sector y/o enfrentar cárcel. Por ejemplo, las prácticas engañosas en titularizaciones hipotecarias (2006-2007) por parte JP Morgan Chase & Co se estarían castigando ahora con US$14.000 millones, aceptando la firma incrementos de US$5.100 millones por cuenta de la Federal Housing Finance Agency, pero sin reconocer dolo o imputaciones de cargos criminales. Algo similar ha ocurrido con Bank of America, quien pagaría US$6.000 millones por causas similares, pero “sin dañar” la hoja de vida de quienes incurrieron en semejantes prácticas de engaño.

El problema es que todos estos arreglos financieros-judiciales están gobernados por el National Mortgage Settlement (2012). Bajo este acuerdo, los principales originadores hipotecarios (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co y Wells Fargo) aceptaron pagar multas por US$32.000 millones a favor de los tenedores que se vieron afectados por la crisis. Dicho valor viene a sumarse a una serie de pagos que han venido realizando las entidades financieras durante 2008-2013.

Actualmente se estima que el valor de estas penalidades alcanzará cerca de los US$95.000 millones, de los cuales US$47.200 millones corresponden al Bank of America (incluyendo el caso de Countrywide) y US$22.300 millones a JP Morgan Chase & Co.

Cabe mencionar que estos castigos a actividades fraudulentas no se han limitado al mercado hipotecario. Recordemos el reciente caso de la “ballena de Londres”, a finales de 2012, donde las irresponsables “apuestas” del área de derivados de JP Morgan Chase & Co resultó en pérdidas cercanas a los US$6.200 millones. A la usanza, los abogados de la firma buscan que, por el pago de US$1.020 millones, sus impolutos muchachos-financieros no sean acusados de actos criminales, ni que les vayan a dañar su hoja de vida.

Pero no todo está perdido, “Main Street” ha enfilado las redes sociales contra semejante impunidad de “Wall Street” y algunos jueces están encarrilando los juicios hacia imputaciones de carácter criminal. Por ejemplo, algunos fiscales estatales están denunciando incumplimientos en los convenios establecidos a través del National Mortgage Settlement e intentarán ir más lejos. De hecho, el pasado mes de mayo de 2013, en Nueva York, se acusó a Wells Fargo y a Bank of America de realizar 339 violaciones a dicho acuerdo.

Dados todos estos eventos, sorprende que ahora Greenspan (2013) nos salga a decir que “todavía” no estima conveniente entrar a regular de forma más estricta estos mercados altamente especulativos. En hora buena, la Ley Dodd-Frank (del 2010) se ha movido en la línea del endurecimiento regulatorio en todas estas “zonas grises financieras”, aunque vemos con algo de preocupación que la llamada “Regla Volker”, evitando especular con dineros del público, está tomando más de lo deseado en su reglamentación, donde el rifirrafe bipartidista poco ayudará a su esclarecimiento. Afortunadamente, la legislación colombiana en estos frentes de desfalcos financieros suele trabajar en paralelo, en materia de castigos pecuniarios y penales, ya veremos con qué sale frente a los sucesos recientes de Interbolsa.