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Analistas 15/07/2021

Colombia y Chile: crónica de un estallido

Sebastián Díaz
Economista senior Pacífico Research

Pocos días después del estallido social chileno en octubre de 2019, una influyente columna advertía que “si puede suceder en Santiago, puede suceder en cualquier lugar”. En efecto, tan pronto como noviembre del mismo año las protestas se extendían a lo largo de Colombia.

Esto se debe a causas estructurales del descontento en América Latina: una región particularmente desigual, falta de oportunidades, una arraigada percepción de corrupción así como también de falta de representación política de los partidos. Si se dio en uno de los países con ingresos más altos y menores niveles de pobreza, ¿por qué no habrá de ocurrir en las calles de Bogotá, Lima o Quito?

Así como hay factores estructurales comunes, cada país es inestable a su propia manera. Mientras que en Chile el detonante fue el aumento a las tarifas del metro, en Colombia los efectos sociales de la pandemia y luego la reforma tributaria explican el inicio de las protestas en 2021. Son acontecimientos puntuales que se acumulan sobre capas más profundas de descontento en la población.

Bajo esta perspectiva comparativa, otras hipótesis, como por ejemplo la influencia de países extranjeros o de un plan preconcebido por grupos radicales, pierden relevancia. Los principales determinantes son los factores estructurales.

Una segunda consideración sobre el estallido social chileno tiene que ver con las acciones del Estado que llevaron a un deterioro de la situación. La retórica guerrerista de parte del Presidente Piñera (“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”) fue luego rechazada por el General del ejército encargado de la seguridad de Santiago. Además, la represión policial tuvo como parte de sus acciones violaciones a los derechos humanos, criticadas por organizaciones como Human Rights Watch.

Así, lo que empezó como una crítica a las tarifas del metro devino en un cuestionamiento al modelo económico, la legitimidad del gobierno y un agravamiento del deterioro institucional. Los errores del gobierno y la policía empeoraron la crisis.

En Colombia la situación actual tiene varios puntos en común. El alto número de fallecidos, la represión policial y la inadecuada estrategia comunicacional del gobierno transformaron por completo la naturaleza de las protestas. La discusión de la reforma tributaria ya es un tema secundario.

El acuerdo para una nueva constitución en Chile ofrece también algunos elementos pertinentes para la situación colombiana. Más que pensar en la misma solución, lo relevante es destacar el encausamiento concreto y definitivo a través de las instituciones; un pacto social que empieza en el Congreso y que involucra a la población a través de la elección de constituyentes. Una vez establecido el acuerdo para el proceso de una nueva constitución las cifras de policías y civiles lesionados, saqueos o ataques a la infraestructura consolidaron la tendencia bajista. Parte de la dificultad de la situación en Colombia tiene que ver con los mecanismos de salida institucional. La constitución de 1991 sigue siendo un referente del estado social de derecho y el espacio para una expansión de gasto público es acotado. Una reforma tributaria acotada pero realmente progresiva y medidas para distribuir mejor las oportunidades en la sociedad constituyen el punto de partida hacia una solución.

Para cerrar conviene señalar que la discusión del proceso constitucional ha traído una gran incertidumbre en la discusión política y económica chilena. La irrupción de los grupos independientes, alejados de los partidos tradicionales, hace difícil estimar el balance de poder en la constituyente. De otro lado, la discusión sobre una mayor participación del Estado en la provisión de servicios sociales como pensión o salud, la autonomía del Banco Central, el rol de la inversión extranjera en la minería, entre otros, siguen siendo temas que concentran la atención de los mercados.