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¿Se aliviará el dolor de los impuestos?

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Un agrio debate sobre las cargas impositivas que soportan las compañías del país agita las reuniones de empresarios por estos días. No hay cita gremial, junta o asamblea que no se haya ocupado de este asunto, y la acidez de los análisis preocupa hasta al más optimista. El cierre de empresas y el doloroso viacrucis de entender, dirimir y pagar la cascada impositiva, han alertado a la opinión pública y a los analistas para preguntarse cuál debería ser ese esquema tributario justo, progresivo, competitivo. 

En buena hora, el gobierno convocó la Comisión de Expertos del Régimen Tributario, que durante tres meses y en un ejercicio juicioso, ha diagnosticado de manera certera el galimatías tributario colombiano. Es interesante la comparación que hacen con otros países y la caracterización no solo de los impuestos nacionales, sino de los locales y los temporales. Es de esperarse que el Gobierno reciba y ponga en marcha sus recomendaciones, aunque estas no sean populares ni sumen puntos en las encuestas de opinión.

Desde la perspectiva de los empresarios, creemos que en lugar de estar descifrando las interpretaciones a las complejas normas tributarias, deberíamos estar abriendo más mercados y generando más empleo e inversión para el país. Pero entendemos muy bien la necesidad que tiene el Gobierno de aumentar los niveles de recaudo para financiar la reducción de las brechas sociales. La vía a la prosperidad no se puede construir sobre una sociedad con niveles de inequidad como los que presentan nuestras regiones. 

Pero lo que no se asimila de buenas a primeras es que  por ejemplo, la contribución esté tan concentrada en un reducido grupo de empresas y sectores, que ya algunas de ellas soporten tasas de tributación de 75,4%, cifra que raya con lo confiscatorio, según señalaba hace unos días el Consejo Gremial en Medellín. Tampoco es fácil aceptar que el recaudo desemboque en un gasto público desbordado. 

La buena noticia es que hay soluciones posibles que se desprenden de los análisis gremiales y de los hallazgos de la comisión de expertos: no beneficiar a sectores específicos con las exenciones, unificar el impuesto de renta y eliminar el Cree y sus sobretasas, así como el Iman y el Imas, figuras regresivas en su concepción y complejas en su ejecución; desterrar el impuesto a la riqueza, suprimir el desdichado 4×1.000 y simplificar el esquema impositivo, armonizando los impuestos nacionales con los locales.

De otra parte, los expertos sugieren fortalecer la Dian y deslindar su papel, pues hoy legisla, juzga y condena, en un cruce de roles que no es conveniente para su efectividad. Agilizar las devoluciones de saldos a favor por IVA y por la retención en la fuente en renta que tan duro castigan a los exportadores y a las empresas de bajos márgenes; y simplificar las tarifas del IVA.

Por encima de los lamentos, rescatable el trabajo de los gremios, que han aportado hechos y datos para la discusión, y la labor de la comisión de expertos, que además ha abierto una página web para recoger las ideas de los ciudadanos del común. Sí hay con qué arreglar el problema tributario colombiano. Esperemos que el pan no se le queme al Gobierno en la puerta del horno, y que se siga las recomendaciones de los expertos sin polarizar la discusión con altisonancias politiqueras. Esta crisis gestó la oportunidad única de construir un esquema tributario moderno y a la medida de un país en crecimiento.
 

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