Tres elementos estructurales del sistema de salud

En el cierre de este año se han cruzado tres hechos clave en el sistema de salud colombiano que no son aislados: el incidente de desacato contra el ministro de salud por la insuficiencia de la UPC, la caída de la reforma a la salud en la comisión séptima del senado, y la apertura de un proceso disciplinario por las irregularidades en la implementación del nuevo sistema de salud de los maestros.

Sobre cada uno de estos temas quisiera aportar algunos elementos estructurales que, creo, van más allá de la coyuntura política del momento, y están en el centro del debate. El primero tiene que ver con la insuficiencia de la UPC y la habilitación financiera de las EPS. La insuficiencia no es un asunto menor ni un simple desacuerdo técnico. La UPC es la base financiera del sistema de aseguramiento y su insuficiencia, además de afectar la prestación de servicios a los pacientes, afecta directamente los indicadores de habilitación financiera de las EPS: patrimonio adecuado, capital mínimo y liquidez. Estos indicadores no son decorativos; son los que, cuando se incumplen, abren la puerta a medidas de vigilancia especial o intervención por parte del Estado. El problema es que el deterioro de esos indicadores no surge de una mala gestión empresarial, sino de una decisión estatal de financiar el sistema por debajo de sus costos reales. Antes de seguir señalando culpables, es indispensable reconocer que una causa del problema es fiscal y regulatoria, no exclusivamente operativa.

El segundo elemento es institucional. La caída de la reforma a la salud, más allá de lecturas coyunturales, salvaguarda un elemento central del sistema colombiano: el aseguramiento. Durante el debate quedó claro que el Gobierno pretendía desmontar este modelo y regresar hacia un esquema de provisión y financiamiento predominantemente estatal, fallido, del siglo pasado. La experiencia histórica muestra que ese camino no garantiza ni eficiencia, ni oportunidad, ni sostenibilidad. El aseguramiento no es perfecto, pero ha sido el pilar que permitió ampliar cobertura y organizar riesgos. Preservarlo no es defender intereses privados: es proteger una arquitectura institucional que funciona mejor que sus alternativas.

Este punto se conecta con el tercer hecho: el sistema de salud de los maestros. El propio Gobierno afirmó en repetidas ocasiones que este modelo sería el piloto del sistema que se implementaría para todos los colombianos con la reforma. Hoy, ese piloto enfrenta investigaciones disciplinarias por fallas en su implementación. La lección es evidente: antes de desmontar lo existente, hay que demostrar que lo nuevo funciona. Y, hasta ahora, eso no ha ocurrido.

Finalmente, una reflexión institucional. El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) ha demostrado ser un mecanismo eficaz de intervención cuando se aplica con rigor y coordinación. El caso de Colpensiones es un buen ejemplo: la declaratoria del ECI obligó al Ejecutivo a articularse, a los organismos de control a hacer seguimiento estricto y a la administración a corregir fallas estructurales. De esta manera el ECI pudo superarse. Por eso considero importante, como lo dije en una columna anterior, que la Corte Constitucional evalúe la posibilidad de declarar un ECI en salud.