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Un mercado inquietante

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Santiago Castro - scastro@asobancaria.com

La tasa de desempleo en Colombia ha crecido significativamente en el transcurso de los últimos cinco años. De hecho, al cierre de 2018 bordeó el 9,7%, el mayor registro desde 2012. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, dicho indicador ubica a nuestro país como la segunda economía de América Latina con una mayor proporción de población desocupada después de Brasil, que bordea el 13,9%.

Esta situación, de forma inquietante, se ha agudizado en el transcurso del año. En julio, la tasa de desempleo en Colombia alcanzó el 10,7%, cifra que no solo representa un incremento sustancial respecto al mismo periodo de 2018 (9,7%), sino que resulta ser la más alta desde julio de 2012. Del mismo modo, en lo corrido del año, la tasa de ocupación se ubicó en 56,3%, lo que refleja una destrucción de aproximadamente 134.000 empleos respecto a 2018.

Paradójicamente, la tasa de desempleo se ha incrementado en un contexto de menor participación de los colombianos en el aparato productivo, caracterizado por una reducción en la tasa global de participación. El mal desempeño de estas variables, en conjunto, refleja la fragilidad que actualmente enfrenta el mercado laboral colombiano.

A pesar de que este es un fenómeno cuyo diagnóstico es complejo, es importante esclarecer algunas de sus causas. En primer lugar, los costos laborales en el país, tanto salariales como no salariales, son elevados respecto a la región, desincentivando la creación de empleo formal. Asimismo, el salario mínimo vigente no se ha venido ajustando a la regla universal establecida para su cálculo, que debe tener en cuenta tanto el comportamiento de la inflación como el de la productividad laboral. Además, la migración venezolana supone presiones para la oferta laboral que, si bien no explican por si sola la dinámica del desempleo, es sin duda un factor que ha venido contribuyendo al deterioro del mercado laboral.

En este contexto, es fundamental que la política pública se enfoque en tres frentes: la formación de competencias educativas para el trabajo, la promoción de una educación superior que incorpore las necesidades del sector corporativo y la flexibilización laboral.

Es conveniente, desde luego, avanzar en la implementación del Artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo, que busca constituir un Sistema Nacional de Cualificaciones con el ánimo de fortalecer la formación técnica. Asimismo, es necesario garantizar la comunicación permanente entre Gobierno, universidades y empresas, en aras de promover una mayor coordinación entre el proceso educativo y las necesidades sociales y productivas del país.

Es también crucial que en la agenda legislativa se incluya una reforma encaminada a la flexibilización laboral, sobre todo teniendo en cuenta que, según cifras del Ministerio de Trabajo, cerca del 44% de los trabajadores colombianos no cotiza a seguridad social, un hecho que invita a avanzar en la discusión sobre la posibilidad de establecer un esquema laboral por horas. Esta situación es también indicativa de que en la coyuntura actual no es propicio adelantar iniciativas que sobre carguen los costos salariales como las que hoy cursan en el Congreso.

En síntesis, la situación del mercado laboral es no solo inquietante desde la óptica del consumo privado, sino demandante desde la óptica de la política pública. Hoy, el débil desempeño del mercado laboral se constituye quizás en el principal reto de la agenda económica de corto y mediano plazo y de allí que la correcta sincronía entre el sector público y privado para enfrentarlo sea más que imperativa.

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