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Analistas 20/12/2025

El salario mínimo

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

El propósito del salario mínimo es, en principio, asegurar vida digna, aunque modesta. Todos los años se repite en Colombia el proceso desgastador: los empresarios insisten en que el aumento del salario mínimo no debe exceder el efecto combinado del aumento de precios al consumidor y la productividad, los voceros de los sindicatos proponen aumentos muy superiores, y los gobiernos toman la decisión casi siempre: la concertación no prospera.

Más de la mitad de la población activa en la economía es informal, y una enorme proporción de los trabajadores informales devenga menos del salario mínimo. En consecuencia, la población a la que cobija el salario mínimo es una minoría, y puede decrecer si el aumento es excesivo: los costos obligan a los empresarios a tomar medidas para reducir la nómina de colaboradores, e incluso sus actividades empresariales.

Los mercados laborales son imperfectos, porque la vida es unidireccional: las decisiones del pasado son determinantes de lo que se puede hacer hacia adelante. Además, las empresas tienen su propio mercado interno de trabajo, ordenado según sus necesidades, que incluyen atención a tareas con conocimiento específico, atado a la tecnología propia de su actividad.

En ambiente de crecimiento rápido y sostenido el valor real del trabajo (descontado el aumento en el nivel de precios) aumenta al menos durante un tiempo. La composición de la fuerza laboral cambia, porque el crecimiento tiene incidencia en el perfil de actividades a ejecutar, con exigencia tecnológica creciente. Sin embargo, la integración económica del mundo, con libre flujo de capital, tasas de cambio flexibles, apertura comercial y restricciones a la movilidad del trabajo genera situaciones paradójicas: el valor del trabajo puede ser bajo en economías con escaso comercio internacional en relación con su tamaño y población. Este es el caso de Colombia, además pobre, desigual y con instituciones públicas disfuncionales.

Los economistas han introducido el ingreso por habitante ajustado por poder adquisitivo para reducir el énfasis en el ingreso por habitante en dólares corrientes, indicador prevalente para ordenar las economías de los países. Sin embargo, una relación muy elevada entre los dos indicadores en un mundo integrado en lo comercial es serio indicio de bajo valor relativo del trabajo: los bienes tienden a tener precios similares y la gran diferencia corresponde al valor de los servicios personales, en particular el trabajo. Esta es la situación en Colombia hoy.

La elevada informalidad tiene consecuencias fiscales enormes en seguridad social: si bien hay cobertura universal en servicios de salud, con calidad en declive por cuenta del gobierno actual, no hay cobertura adecuada para los riesgos capitalizables - invalidez, vejez y muerte - a lo largo de la vida productiva. El estado debe asumir cuantiosos subsidios adicionales a los recursos comprometidos para cubrir enfermedad general y maternidad.

El crecimiento de la economía bajo marco institucional adecuado debe resultar en reducción significativa de la informalidad y mayor productividad. La atención de Colombia se debe centrar en ese propósito para abordar las relaciones entre capital y trabajo; crecer rápido, con educación de calidad desde el nacimiento hasta la jubilación para construir una sociedad flexible y sostenible, es más relevante que discutir salario mínimo.

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