Claroscuro económico

Lo que sigue es un intento por explicar la aparente desconexión entre resultados económicos favorables y un clima de opinión enrarecido.  A grandes rasgos, el panorama económico puede describirse de la siguiente manera.   Se estima que el crecimiento del PIB será del orden de 4% este año y de 4.5% en el 2014.  Sin ser un ritmo de crecimiento espectacular, este desempeño es decoroso, habida cuenta del entorno internacional.  Se compara favorablemente con el de las principales economías de América Latina.  La tasa de desempleo registra una tendencia declinante, al igual que la incidencia de la pobreza.  El ritmo de crecimiento económico actual conlleva una elevación aceptable del ingreso por habitante y una mejoría en el nivel de vida. 

 El manejo prudente y previsible de la política económica ha contribuido a amortiguar el impacto de choques externos.  La inflación es baja y estable, un logro de la autoridad monetaria con implicaciones significativas para el bienestar de los hogares de menores ingresos.  El país ofrece condiciones atractivas para la inversión privada extranjera.  Un sector empresarial moderno incursiona con éxito creciente en los mercados mundiales.  

 En cuanto a los logros que dependen de decisiones gubernamentales, la descripción anterior no se presta al uso de superlativos.  Es menos sobresaliente de lo que hubiera sido deseable.  Al mismo tiempo, es menos desfavorable, de lejos, de lo que pretenden sus detractores.  Puede argumentarse que habría sido posible alcanzar metas más ambiciosas.  Pero los resultados obtenidos corresponden a un cuadro macroeconómico en el cual no se perciben desajustes que conduzcan a un descalabro sistémico.

El buen desempeño económico es una condición necesaria, pero no suficiente, para obtener un amplio respaldo popular.  Si bien el deterioro económico debilita al régimen de turno, una situación económica positiva no siempre garantiza la popularidad gubernamental. 

 La sensación de descontento es atribuible a varios factores, además de la tradicional volatilidad que caracteriza al último año del período presidencial.  La forma como se respondió a las demandas de los organizadores del paro cafetero dejó una sensación de debilidad.  Estableció un incentivo perverso que premia a la violencia como recurso para obtener concesiones.  Los subsidios cuantiosos e indiscriminados otorgados, bajo presión, a la caficultura  tienen un elevado costo fiscal, además de ser regresivos.  Favorecen más a los mayores productores. 

 Las subsiguientes exigencias  de los promotores del paro agrario obedecían al propósito retardatario de cerrar la economía.   Incorporar a las políticas públicas ese objetivo haría inviable  modernizar la agricultura, al impedirle una participación activa en el comercio internacional.

El nuevo país que empieza a perfilarse se enfrenta a una coalición premoderna que defiende los intereses de una derecha caudillista y de una izquierda que no ha podido hacer su propio aggiornamento.