Leyes innecesarias

Decía Montesquieu que “las leyes innecesarias debilitan las necesarias”. Este es uno de los principales problemas que afecta a las economías de América Latina en general y de Colombia en particular. Además, es una de los obstáculos más grandes para que podamos avanzar hacia la consolidación de una verdadera economía de libre mercado, en la que predomine el mérito, la creatividad, la laboriosidad, el esfuerzo y un sano espíritu competitivo.

En términos generales, los países latinoamericanos están asfixiados por multitud de leyes y regulaciones, que entorpecen la posibilidad de crear empresas, hacer negocios, contratar trabajadores y generar riqueza. Por ejemplo, Colombia ha expedido más de 50.000 normas legales en lo que va corrido del siglo XXI, es decir, más de 2.000 al año, según informa el Departamento Nacional de Planeación, con base en registros del Diario Oficial. Así, somos víctimas del deseo de quererlo ordenar todo con leyes del Estado, lo cual paradójicamente termina por desordenarlo casi todo. Esto se traduce en vacíos y distorsiones que obstaculizan el desarrollo económico.

Si hay un mercado en el que la intensa producción normativa produce lo opuesto de lo deseado, es el laboral. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías de economía colaborativa a través de plataformas como Uber, vemos que las normas estatales se quedan obsoletas y son rápidamente superadas por los cambios tecnológicos. En este como en muchos campos, los legisladores, en lugar de resolver problemas con sus regulaciones, terminan creándolos o complicando los existentes.

Así sucede con la informalidad laboral. Más de 48% de los trabajadores colombianos son informales, 140 millones de trabajadores en toda la región latinoamericana. Esto quiere decir, 140 millones de trabajadores que llegarán a la vejez sin la mínima posibilidad de una pensión, 140 millones de trabajadores que no están afiliados a un sistema de salud y que ante cualquier suceso infortunado no tienen a quién acudir. 140 millones de trabajadores que ante un accidente en su trabajo están absolutamente desprotegidos.

Por ejemplo, me comentaba una amiga que pidió un domicilio con una de las diferentes aplicaciones que existen: lamentablemente el domiciliario tuvo un accidente de tránsito mientras ejecutaba la labor y procedió a demandarla a ella. Esto está siendo replicado de manera constante y con el nuevo contrato que se debe aprobar en las Apps de transporte ocurrirá con mas continuidad.

La culpa de esto es del Estado y no de Uber o de las empresas de taxis, ni de Airbnb, ni de Rappi, ni de Coopebombas. Es por esto que aún con mis firmes convicciones de un Estado pequeño, austero, que tenga como principio el libre mercado y la meritocracia, es trascendental garantizar la igualdad ante la ley. Es cierto que se debe rápidamente legislar al respecto o más bien “deslegislar”, esto sin olvidar que cientos de empresas se han esforzado por cumplirle al Estado, por cumplirle a los colombianos. Inclusive miles de ellas han fallecido en la tarea de cumplir la costosa legalidad. Dice el gran economista Hernando de Soto que no hay que formalizar la informalidad sino informalizar la formalidad, esto con el fin de hacerla mas simple, barata y, por ende, más accesible a los ciudadanos, particularmente los más pobres. En este sentido, Colombia debe revisar su legislación y reducirla para hacerla mas sencilla ante las realidades y los cambios actuales.