Ser Criminal Paga

Por décadas, la izquierda ha utilizado la narrativa de que la justicia es ‘solo para los de ruana’, mientras las elites urbanas y los delincuentes de cuello blanco logran evadir el peso de la ley. Si de algo hemos sido testigos los colombianos en los últimos cincuenta años es de que, tristemente, ser criminal paga.

Cada gobierno, desde que tengo uso de razón, ha buscado algún tipo de beneficio jurídico para el grupo criminal de turno: ya sea el M-19, el EPL, las estructuras de Pablo Escobar y el Cartel de Cali, las Farc, el ELN, las AUC, las Bacrim, las disidencias, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, por mencionar a los más notables. Entre más atroces sus actos, mejor les va en la repartija de las prebendas estatales.

Un tema apremiante que no ha formado parte de las encuestas ni de las propuestas de los candidatos hasta el momento, es la justicia. Durante décadas vivimos un conflicto armado y una guerra contra el narcotráfico que ha dejado numerosas víctimas, masacres, secuestros, desapariciones forzadas y todo tipo de violaciones de los derechos humanos, destrozando el tejido social de nuestro país. Organizaciones criminales cuyo único propósito es -y siempre ha sido- el control de uno de los negocios más lucrativos del mundo.

En respuesta hemos intentado todo tipo de soluciones y acuerdos: el Estatuto de Seguridad; la extradición; amnistías y desmovilizaciones; la Constituyente del 91; la Fiscalía y la justicia sin rostro; El Caguán y el Plan Colombia; la Seguridad Democrática; la interdicción y la fumigación aérea; el sistema penal acusatorio puro; la justicia transicional; el proceso de paz de La Habana; la JEP; la Paz Total. En fin, un sinnúmero de políticas públicas y mesas de negociación, pero seguimos sin paz y sin justicia.

En esta campaña se habla mucho sobre la necesidad imperante de recuperar la seguridad y el orden con miras al cambio de gobierno en agosto de 2026; sin embargo, poco o nada se menciona sobre la impunidad o la falta de justicia. Y aunque muchos colombianos aplaudimos hoy la firmeza con la que las altas cortes le han puesto límites al presidente Petro, obligándolo a respetar la Constitución y las leyes, subyace un problema de ineficiencia en la administración de justicia que, a mi juicio, es la raíz de todos nuestros males.

La falta de capacidad del Estado de investigar los crímenes y obtener sentencias condenatorias en firme, se debe en gran parte a la falta de profesionalismo, pericia técnica y empoderamiento de nuestros organismos de investigación y control. Los entes de control se han politizado y convertido en fortines burocráticos, y en la mayoría de los casos terminan por restar en vez de sumar. A la Fiscalía y a los organismos de policía judicial les quedó grande la función de investigación y acusación en un país donde la criminalidad nos desborda, y su capacidad en temas forenses y de ciber amenazas es cuasi-obsoleta.

La Constitución de 1991 incorporó un sinnúmero de entidades adscritas a la rama judicial con el fin de garantizar el equilibrio de poderes. Sin embargo, en la actualidad, estas poco o nada contribuyen a disminuir la criminalidad o a garantizar un mínimo de justicia para las víctimas. Por ello, resulta urgente que los candidatos presenten propuestas encaminadas a fortalecer la capacidad operativa y la eficiencia de la administración de justicia.