Están secuestrados, no se esfumaron

El pasado 8 de mayo fueron secuestrados por el ELN, en Arauca, dos miembros del CTI de la Fiscalía a los que se unieron, el 20 de julio, dos funcionarios de la Dijin. Llevan, los primeros, hasta el día en que se escriben estas líneas (8 de noviembre); 6 meses en cautiverio, 182 días bajo amenazas y 4.368 horas lejos de sus familias. Desde la comodidad de sus hogares, ¿alcanzan siquiera a imaginarlo?

Resulta inconcebible que un país con historias que obligan a traer a la memoria al sargento del Ejército, José Libio Martínez, secuestrado en la base militar de Patascoy en 1997, por casi 14 años, hasta recuperar la libertad con su muerte como lo señaló ante la Comisión de la Verdad, Johan Steven, su hijo, o al sargento de la Policía, César Lasso, quien duró más de 13 años en la selva, o los 12 años, 3 meses y 10 días que padeció esta brutal experiencia el también sargento del Ejército, Pablo Emilio Moncayo; pretenda ignorar el regreso del que podría considerarse el peor de los delitos.

Hace un par de semanas, el ELN anunció un ‘juicio revolucionario’ en contra de Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Jordín Fabián Pérez y Frankin Sley Hoyos. Juicio, ceñido a sus ‘códigos de guerra’, sobre el que con crueldad y descaro notifican, podría condenarlos a una retención de tres a siete años. Sus captores, un grupo narcoterrorista que es bien sabido perdió cualquier asomo de ideología; justifican su absurdo proceder en la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno y tienen, además, la osadía de exigir un canje. Sí, tal cual lo conocimos, 28 años atrás, los que hoy ya estamos maduritos.

Al presidente Petro poco parece importarle la suerte de estos cuatro colombianos. Por lo menos eso es lo que transmite su absoluto silencio al respecto. La que debería ser una prioridad, ni siquiera ha ameritado un mensaje en X, la red social que tanto le gusta al mandatario. Una indiferencia que se despliega contagiosa mientras, la Fundación Ideas para la Paz, nos cuenta que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 405 secuestros. 196 casos por encima de los que se contabilizaron en 2024. Un incremento de 98%. La aterradora estadística, y aquí viene lo delicado, tampoco parece tocar las fibras de la sociedad, que aunque se entera de lo que está pasando, no trasciende el facilismo de tan solo lamentar.

¿Es posible que el sufrimiento se haga costumbre? Me lo pregunto una y otra vez al ver la reacción pasiva de una Colombia que aparenta no entender la gravedad de estos hechos. Que actúa como si hubiese borrado de sus recuerdos colectivos los oscuros días a los que nos condujo un Estado arrodillado. El peor error que puede cometer esta nación es invisibilizar a sus secuestrados. En primer lugar, porque se trata de vidas humanas bajo violación flagrante de todos sus derechos. En segunda instancia, porque demuestra el fortalecimiento de los ilegales y violentos que, al igual que sucedió a finales de los años 90, buscan normalizar, de nuevo, secuestros que superan décadas a modo de mecanismo de presión.

Si al Presidente esta situación en lo mínimo inquieta, a los colombianos sí nos tiene que desvelar la realidad de nuestros compatriotas. Nada más autodestructor y peligroso que un país insensible y amnésico. ¿Cuál es el plan para devolverlos a la libertad, respetado ministro de Defensa? Por supuesto, en caso de que exista alguno.