lunes, 6 de julio de 2020

Más columnas de este autor Núria Vilanova

Si la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ya ha recorrido todo el mundo, ahora otra crisis económica y social, y de efectos desconocidos, está siguiendo el mismo itinerario. Las últimas previsiones ya hablan de una caída del PIB superior a 8% en Colombia y de hasta 12% en España, por poner dos ejemplos.

Todos los gobiernos, en mayor o menor medida, ya están desarrollando estrategias de recuperación, reactivación o reconstrucción. Se necesitan políticas ágiles y flexibles, capaces de incorporar recursos, talento y creatividad. Un camino que nunca se podrá recorrer sin los empresarios. Y es que los gobiernos deben partir de una premisa: sin la participación de la iniciativa privada no podrá haber creación ni de empleo ni de riqueza, el primer paso para impulsar el crecimiento y reducir desigualdades.

Hay que desterrar dogmatismos. Si en 2008 se culpó de la crisis financiera a los empresarios, aunque solo fueran unos pocos los responsables, ahora se debe contar con ellos desde el minuto cero. Según una encuesta realizada por Morgan Stanley a 110 grandes inversores, 80% ya invierte siguiendo criterios responsables y 57% cree que llegará el momento en que solo se invertirá según criterios medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial sostenible (ESG).

No hay duda, el dividendo social cotiza al alza. Además, esta pandemia ha acelerado ese proceso, pues los empresarios están impulsando acciones solidarias dirigidas al conjunto de la sociedad.

Como sostiene Juan Luis Cebrián, fundador de El País y ‘senior partner’ de Atrevia, el capitalismo tiene una oportunidad única para su “rearme moral”, demostrando que puede ser útil al interés general. Un concepto que debe pasar a formar parte de la agenda de todos los empresarios. Esta actitud del capital y el enorme desafío de los políticos para reactivar la economía es un buen punto de partida para ese diálogo social entre empresarios y gobiernos.

Los gobiernos son los encargados de diseñar e impulsar las políticas macro; mientras que son los empresarios los que conocen las necesidades de cada sector y los que arriesgan su patrimonio. Partiendo de ese planteamiento, los políticos deberían establecer las reglas del juego, pero sin intervenir ni sobrerregular. También deben rechazar la tentación de mantener medidas sociales excepcionales adoptadas en una situación extraordinaria, pero que acabarán generando más déficit y más recortes.

Su responsabilidad es estimular el tejido productivo, removiendo los obstáculos para aprovechar todo el potencial de crecimiento de las compañías.

Ha llegado el tiempo del diálogo, el consenso y la concertación para sentar las bases de una sólida colaboración entre lo público y lo privado. Y para generar una estabilidad y certidumbre que será la mejor carta de presentación para favorecer confianza entre los agentes económicos.

Todo lo planteado en estas líneas es fruto de un período de reflexión en el seno del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), integrado por los presidentes de 140 grandes compañías de Latam. Estamos convencidos de que el éxito será de aquellos gobiernos que confíen y apuesten por sus empresarios. No bastan gestos. Se necesitan hechos, como construir una agenda común, compartir objetivos y superar desconfianzas.

Gobiernos y empresas necesitan ayudarse mutuamente. Están unidos por un interés común. Y es que, en estos momentos, una alianza con los empresarios puede ser el mejor impulso para la política social de los gobiernos.