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Mario Alejandro Valencia
Atacan al gobierno Petro porque el país no se reindustrializó en cuatro años, tras la desindustrialización y desagrarización que los mismos opositores gestaron. Durante cuatro décadas, de manera deliberada, definieron que la mejor política industrial era la que no existía y -obvio- la participación de las manufacturas en el PIB pasó de 15% a 10%.
El propio Banco Mundial, en abril de este año, considera la importancia de definir estrategias en este campo. En el caso colombiano, parte de estas han tenido que ver con revertir y corregir políticas como: La apertura económica, que los propios autores intelectuales confesaron como mal aplicada. En 2006, César Gaviria expresó: “Reconozco mi cuota de culpa de haber creído que esos cambios económicos iban a generar crecimiento sostenido y mejoramiento de los indicadores de la desigualdad y la pobreza”.
La política extractiva de enclave colonial, de la que el negociador de los TLC, Hernando José Gómez, reconoció en 2010 que Colombia era “una economía exportadora minero-energética” (…) que “en momentos de bonanza afecta la producción local de bienes transables, especialmente agrícolas y manufactureros, y en épocas de destorcida genera presiones inflacionarias y se incrementa la carga de la deuda”.
La captura de rentas de los recursos del Presupuesto General de la Nación, a la que mal llamaron capitalismo. Con petróleo y carbón con precios altos nunca necesitaron pensar en producción, mientras que con precios bajos y un Congreso afín a sus intereses aprobaron diecinueve reformas tributarias regresivas en treinta años. No se puede olvidar que fue César Gaviria quien subió el IVA de 10% a 14%, Samper lo subió a 16%, Pastrana y Uribe extendieron la base gravable a productos de primera necesidad, Santos lo llevó a 19% y Duque dejó establecida la tarifa de renta de empresas más alta en toda la Ocde. Por si acaso, Mauricio Cárdenas fue autor de cuatro de estas reformas y Alberto Carrasquilla de tres más. Y ellos son los mismos que prometen volver al pasado, en donde la producción nacional no estuvo en el debate. Otros pensamos que se están estableciendo unos parámetros alentadores para la economía. La pobreza multidimensional nunca había estado en un dígito desde que se mide; la tasa de desempleo nunca había estado tan baja en un siglo; las exportaciones no mineroenergéticas nunca habían estado tan altas desde que se miden; y nunca en la historia ha habido tantas empresas activas registradas como hoy.
La transformación productiva ha avanzado en los últimos cuatro años en priorizar sectores como la agroindustria, el sistema ferroviario, el acero, los astilleros, la movilidad con eficiencia energética, las confecciones, las energías renovables, entre otros. Las ventajas comparativas del país ya no son las exportaciones de recursos naturales, sino que la apuesta es por bienes y servicios de valor agregado con un aprovechamiento respetuoso de la biodiversidad. Así, se han implementado medidas comerciales de incentivos a la producción, se implementó un certificado de reembolso tributario y se han incrementado las exportaciones diferentes a las mineroenergéticas en US$25.000 millones, con relación a dos gobiernos anteriores.
Falta mucho camino por recorrer, por supuesto, pero no significa que no tenga que hacerse. En el futuro, es importante también perfeccionar el diseño institucional para que facilite la articulación. Es necesario que los ministerios tengan un mandato de buscar incrementar la capacidad de producción del país, con mecanismos de atracción de inversiones, con una coordinación centralizada desde la Presidencia de la República y en diálogo permanente con el sector privado productivo. Lo fundamental es poder diferenciar a los productores del campo y las ciudades de los especuladores e intermediarios que no crean riqueza.
Esa preocupación recorre distintas épocas del pensamiento político. En la posguerra, Hannah Arendt advirtió que la mentira sostenida no busca solo que la gente crea algo falso, sino desorientarla hasta vaciar su capacidad de juzgar; cuando ya no se cree en nada
La realidad es que el país está peor que nunca en materia de lucha contra las drogas y la delincuencia organizada
Hoy, quienes deberían estar pagando sus delitos y sometidos a la justicia son los que mandan, deciden, ordenan y celebran. Allá los delincuentes no purgan penas, humillan al Estado en su club privado del delito