¿Y mientras tanto, quién cuida la caja?

Mientras comienza la tradicional gabinetología -quién entra, quién sale y quién gana poder-, hay una conversación más silenciosa pero decisiva: el estado real de las finanzas públicas. Porque los ministros cambian, pero las cuentas permanecen. Y tras solicitar información a distintas entidades, queda una conclusión inquietante: hay muchos datos, pero no siempre es clara la lectura de cuánto se aprueba, se compromete, se ejecuta, qué obligaciones quedan y qué tan raspado queda el país.

La sostenibilidad fiscal suele parecer un asunto de economistas, lejano a los ciudadanos. Pero es simple: que el Estado pueda cumplir hoy sin comprometer su capacidad de hacerlo mañana; que tenga recursos para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social sin trasladar la carga a las próximas generaciones.

Lo preocupante es que las alertas ya no provienen únicamente de analistas o centros de pensamiento. En los últimos meses, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la Contraloría General de la República, calificadoras internacionales y diversos análisis económicos han advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas, mayores necesidades de financiamiento y aumento del costo de la deuda. Todas llegan a una preocupación similar.

Desde AmCham Colombia realizamos un ejercicio de acceso a información pública para reconstruir la trazabilidad del gasto, la inversión y la sostenibilidad fiscal. La respuesta fue amplia, pero confirmó un desafío: los datos existen, aunque siguen dispersos entre plataformas y entidades que pocas veces conversan entre sí.

Y ese no es un problema menor. Cuando resulta difícil conectar presupuesto, contratación, ejecución y resultados, también se vuelve más difícil anticipar riesgos y corregir a tiempo. La transparencia no consiste solo en publicar documentos. Consiste en que cualquier ciudadano pueda seguir el recorrido de un peso público desde que se aprueba hasta que produce, o no produce, un resultado.

¿Qué hacer? El Gobierno entrante requerirá una revisión fiscal técnica e independiente para establecer, con cifras verificables, el estado real de las cuentas públicas, las obligaciones pendientes y la sostenibilidad de la deuda. No basta con integrar sistemas: se requiere información trazable sobre lo aprobado, comprometido, ejecutado y sus resultados.

El Congreso debe controlar la calidad de las proyecciones y el costo real de cada nueva ley. Los organismos de control pueden prevenir riesgos con analítica de datos. Se debe pedir información y promover debates técnicos, como lo hemos realizado desde AmCham Colombia mediante derechos de petición. Y los ciudadanos pueden ejercer veeduría, solicitar información y acudir a los mecanismos constitucionales disponibles.

El presupuesto no es del gobierno de turno: es patrimonio de todos y muestra con qué contamos para cerrar brechas sociales.

Mientras el país mira el próximo gabinete, conviene ponerle la lupa a las cuentas que sostienen la viabilidad de Colombia. Los ciclos políticos duran cuatro años, pero las decisiones fiscales pueden condicionar a toda una generación. Un país puede cambiar ministros; lo que no puede permitirse es perder el control de sus finanzas.