Y mientras tanto, no coma cuento

Mientras el país discute símbolos patrios y actuaciones políticas al borde de sus competencias, Colombia debería mirar una película ya vista: un fraude sin pruebas, pero con megáfono. Una elección puede ser limpia en actas y manchada en la imaginación pública. Ese es el riesgo: que la sospecha se vuelva estrategia, la rabia combustible y la mentira una forma de hacer política.

En 2021, Perú vivió ese libreto. Una elección cerrada. Un resultado incómodo. Ciertos votos tratados como sospechosos. Pedidos masivos de nulidad para cambiar lo que dijeron las urnas. Expertos de ocasión. Medios convertidos en altavoz. Redes anónimas repitiendo la idea hasta hacerla parecer real. No hubo fraude decisivo probado, pero sí una historia eficaz para convencer a muchos de que existió.

La lección es sencilla: el fraude necesita pruebas; el “fraudismo”, repetición. Cuando una acusación sale de la caja, nadie la controla del todo. Puede empezar como táctica y terminar en incendio. Primero se cuestionan las actas; luego al árbitro, los jueces, la prensa y a quien acepte el resultado. Así se debilita una democracia: sin tanques, solo sembrando la idea de que ninguna institución merece confianza.

Colombia debe preverlo. No cuando haya gente en la calle ni cuando cada boletín parezca conspiración. Hay que hacerlo antes: la teoría del fraude corre más rápido que la verdad. La verdad necesita actas y tiempos legales; la mentira, una frase con rabia y método. La verdad llega con carpeta y sello; la mentira, en moto y con megáfono.

No se puede permitir que una insinuación sin pruebas prenda la desconfianza colectiva. Hay que advertir desde ya a quienes quieran “defender” una elección en la calle: pueden estar siendo usados sin pruebas. La movilización social es legítima; usar la frustración para desconocer un resultado, no.

Defender las instituciones no significa creerles ciegamente ni renunciar a vigilarlas; es exigir transparencia sin destruirlas por conveniencia. Si hay irregularidades, deben denunciarse. Si hay errores, deben corregirse. Si hay recursos legales, deben agotarse. Pero sin pruebas no se convierte la inconformidad en sentencia popular. Las elecciones no se auditan con gritos ni por “aplausómetro”.

Aquí todos tenemos tarea. Los candidatos deben comprometerse a respetar resultados certificados, aceptar la voluntad popular y reclamar por vías legales. Líderes políticos deben entender que pedir calma no es debilidad, sino responsabilidad. Medios deben exigir evidencia antes de amplificar acusaciones. Gremios, empresarios y universidades podemos hacer pedagogía electoral clara.

Y los ciudadanos, no comer cuento. Antes de compartir, preguntar. Antes de indignarse, revisar. Antes de salir a la calle por una sospecha, exigir pruebas. La democracia necesita ciudadanos críticos, oposición firme, prensa libre e instituciones vigiladas.

Y mientras algunos visten la desconfianza de patriotismo, Colombia debe recordar que la democracia exige aceptar resultados incómodos. Si hay pruebas, que se presenten. Si hay denuncias, que se tramiten. Si hay errores, que se corrijan. Pero si solo hay rabia, repetición y cálculo, no hay denuncia: hay ensayo de fractura nacional. La chispa no debe crecer sin verdad. Defendamos las instituciones antes de que la mentira las reemplace.