El contra-pacto de Chicoral

A mí me enseñaron en la Universidad de los Andes que el Pacto de Chicoral de 1972 había sido un acuerdo entre parlamentarios frentenacionalistas y terratenientes para sepultar la reforma agraria. Según el credo agrarista, compartido por Petro y la mayoría de los miembros del gabinete, esta traición oligárquica fue el combustible de cincuenta años de conflicto.

Por esta razón la semana pasada el gobierno hizo presencia institucional en el municipio tolimense para lanzar el contra-pacto de Chicoral, que el presidente llamó el Pacto por la Tierra y la Vida. Sería, según él, la resurrección de la reforma agraria y la reivindicación del campesinado mancillado durante décadas.

Lo sorprendente del evento no es tanto el espectáculo petrista, con el consabido sombrero vueltiao y divagantes discursos, sino la pasividad con la cual el país recibió el asunto. Cualquiera que este poniendo atención sabrá que desde hace meses se adelanta una ofensiva jurídica silenciosa para modificar el ordenamiento territorial. Por la vía del decretazo quieren imponer por la puerta de atrás su particular visión sobre la propiedad rural, que es obsoleta y expropiatoria.

De tanto repetir que las cosas no han cambiado en 200 años de república siguen convencidos que vivimos en 1961, cuando 70% de la población vivía en el campo, la expectativa de vida era de 48 años, tres de cada cinco campesinos eran analfabetas y cada mujer tenía siete hijos en promedio. Hoy, estas realidades son completamente diferentes. Solo 20% de la población es campesina, viven en promedio 78 años, no hay prácticamente analfabetismo y la tasa de fecundidad es 1,2 hijos por mujer, muy debajo de la tasa de reemplazo de la población.

El pacto de Chicoral de 1972 no fue una traición al movimiento campesino sino un reconocimiento de las tendencias demográficas y sociales que se consolidarían en las siguientes décadas. Cuando los Lleras y los Estados Unidos impulsaron la reforma agraria en los sesenta ya el concepto era anacrónico. La migración masiva a la ciudad -que no fue por La Violencia, como se dice, sino que ocurrió en toda Latinoamérica- hacía necesaria la creación de oportunidades de trabajo, vivienda y alimentos baratos a los millones de estaban llegando a las urbes.

En 1972 se temía que las invasiones de tierras desatadas por la Anuc generaran una nueva ola de violencia en la ruralidad, lo cual era un temor justificado, pero, además, era evidente que solo con grandes extensiones tecnificadas, es decir con agroindustria, se podría evitar una catástrofe maltusiana en las ciudades. La solución de Chicoral fue encausar los esfuerzos del gobierno hacía la titulación de baldíos y el suministro de bienes públicos y crédito para el campo sin importar el tamaño de los predios.

Insistir en una reforma agraria redistributiva basada en el minifundio es un gran error. La visión bucólica del campesinado solo puede perpetuar la pobreza. El enfoque del pacto de Chicoral en 1972 era correcto. El de hoy, en cambio, nos traerá un retroceso que se pagará con hambre y miseria.