El mito de la salud

En Colombia, la aversión al mercado ha vetado el debate técnico sobre la mejora que requiere el sistema de salud colombiano. Hace unos meses la presión mediática reprimió el debate del Proyecto 010/20, acelerando su archivo en el Congreso. Esta aversión se sustenta en falsas creencias que muestran como nociva la libre empresa y la privatización de los servicios de salud. Se ignora que es la iniciativa privada el mecanismo más eficiente para multiplicar los recursos donde no los hay, solo a través de ella se adquiere la responsabilidad de satisfacer una necesidad social a cambio de una ganancia.

En consecuencia, los temerosos claman por el protagonismo del Estado sin comprender que es éste el que domina actualmente las dimensiones de organización y financiación del sistema colombiano. En primer lugar, la organización está monopolizada: se regula el aseguramiento, el precio del seguro, el producto, los precios de medicamentos, la financiación y hasta el tope de capital entre entidades. El privado fue adherido pasivamente a la partitura del regulador. A pesar de las condiciones, esta adhesión constituyó un salto positivo frente al anterior sistema. Para 1990 la cobertura solo alcanzaba 15,7% y hoy asciende a 96%. Al delegar la prestación en privados se neutralizó la escasez con mayor oferta de servicios.

Según índices mundiales Health Care, Healtiest Countries Bloomberg y Global Health Security los mejores sistemas de salud tienen una mayor participación privada, tanto en organización como en financiación. El caso de Corea del Sur es representativo, aunque destina una proporción de recursos equivalente a Colombia (7% del PIB), contiene el doble de la inversión privada y se organiza bajo un eficiente seguro privado.

Por el contrario, países con mayor gasto gubernamental ocupan los últimos puestos de los rankings, por ejemplo, en Armenia se cubre 85,5%, Azerbaiyán 84,5%, Venezuela 84% y Guinea 79,2%. En Colombia, solo la tercera parte del gasto procede de aportes privados directos y las 2/3 partes restantes corresponden a tributación redistribuida gubernamentalmente (Banco Mundial, 2020).

Más allá de las buenas intenciones, la financiación gubernamental no soluciona las ineficiencias, ni previene el carácter oligopólico que padece el sistema, porque es la regulación misma la que ha obligado a adoptar esta estructura anticompetitiva. Por el contrario, la excesiva financiación pública no hace más que trasladar los problemas de Hacienda al sector salud: derroche de recursos, tardanza en los pagos, ausencia de liquidez, sobreendeudamiento, politización de contratos, de transferencias y de subsidios.

Derribar mitos es fundamental para no perder el foco del debate pendiente sobre el futuro del sistema. En vez de insistir en impedir el rol del privado, se debe pensar en dinamizar la competencia, en dejar margen para la gestión y en potenciar lo que ha funcionado (promoción, prestación, cobertura y accesibilidad). Solo de la mano de la libre empresa se puede desarrollar la especialización, el conocimiento disperso, motivar las inversiones y las innovaciones en salud. Asumir con responsabilidad el tema implica convertir los problemas en oportunidades de ganancia para toda la sociedad.