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El último dato de inflación publicado por el Dane, en el que se indica que el incremento generalizado de los precios en la economía colombiana para el mes de enero fue de 1,67%, el más alto de los últimos 20 años, ha generado preocupación por lo que implica en términos del poder de compra de los hogares. Bien es conocido que en la medida en que se aumenten los precios de los bienes y servicios por encima del incremento en los ingresos de los hogares, estos sentirán que su calidad de vida se deteriora. Aunque el fenómeno inflacionario hoy no solo afecta a Colombia, sino a la mayoría de los países de América Latina e incluso en economías desarrolladas, en el caso colombiano preocupa que los productos con mayores alzas en los precios son: los huevos, la carne de cerdo y de res, lácteos, combustibles, bebidas no alcohólicas, las papas y la energía, entre otros.
Como una respuesta a estas alzas, la Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión de incrementar la tasa de interés. Esta decisión pretende controlar esa suba de los precios, pero afecta el costo de endeudamiento de los hogares, las empresas y el sector público. Es importante resaltar que, la inflación que tenemos hoy es generada por alzas en los precios de los alimentos, las bebidas, pero en especial derivado de un problema de oferta global, la pérdida de valor del peso colombiano y el inevitable traslado del incremento del salario mínimo a bienes y servicios. En este entendido, la decisión de incrementar tasas de interés no permite identificar de forma clara cómo ese incremento en la tasa de interés logra reducir la inflación sin afectar el bienestar de los hogares, la dinámica de la economía, el empleo y la capacidad de actuación del sector público.
Es precisamente reconocer que la inflación pone en riesgo la inversión social por su impacto directo en las finanzas públicas de municipios y departamentos. Esto implica una disminución de recursos para la generación de empleo, construcción de vivienda, oportunidades en educación y la prestación de servicios de salud, además de limitantes presupuestales para cubrir las promesas por las cuales fueron electos los gobernantes y que materializaron en sus planes de desarrollo.
De acuerdo con las cifras reportadas de saldo de la deuda del Departamento de Antioquia y sus 125 municipios al cierre de 2020 estaba alrededor de los 8.9 billones de pesos, y las proyecciones de pagos de intereses durante la vigencia del 2021 era de 1.02 billones de pesos. Suponiendo que el incremento en la tasa de interés por parte del Banco de la República se va a transferir directamente en el endeudamiento de municipios y departamentos, es posible estimar que éstos deberán destinar cerca de 89 mil millones adicionales para cubrir la deuda que ya tienen. Adicionalmente, es posible que los incrementos de tasas de este tipo de crédito y de otros sea superior, por lo que muy posiblemente la cifra que se tenga que destinar para cubrir deuda sea de 100 mil millones de pesos o superior sólo en Antioquia. Es decir, que tanto municipios como departamentos tendrán que ajustar su presupuesto en lo referido a deuda en cerca de un 10% por el incremento reciente en un 1% en la tasa del Banco de la República. En este entendido, una posible lectura que como ciudadanos debemos hacer es, que se viene un reto gigante para alcaldes y gobernadores pues dejarán de destinar para el caso de Antioquia cerca de 100 mil millones de pesos de sus ingresos que tenían proyectados para el cumplimiento de sus planes de desarrollo y políticas sociales, para poder cumplir con sus obligaciones financieras.
Finalmente, dadas las cifras de inflación es de esperarse que se presenten nuevos incrementos en la tasa de interés por parte de la junta directiva del Banco Central que de nuevo llevarán a mayores limitantes de los municipios y departamentos en términos presupuestales, al tiempo que las familias verán afectado su bienestar por incremento de precios y las empresas además de la incertidumbre política tendrán que enfrentar mayores costos de capital en términos de inversión. El camino por seguir debe estar enmarcado en que para contrarrestar el incremento de tasas de interés el Gobierno Nacional acompañe con recursos para la inversión social a los gobernantes locales, siendo empático con las necesidades más sentidas de la población y con un firme compromiso por el desarrollo económico, social y sostenible de las regiones.
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