Dirección infiltrada de inteligencia

La reunión más reciente entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el presidente Petro derivó en la renuncia de Wilmar Mejía de su cargo como director de inteligencia estratégica de la Dni. Se va el funcionario por un escándalo que comenzó a crecer desde el 23 de julio de 2024. Ese día se realizó un operativo en el municipio de Anorí, Antioquia, en el que las autoridades interceptaron una caravana de la UNP que transportaba a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, líder de una disidencia de la guerrilla. “Calarcá” fue liberado porque el Gobierno lo había designado como parte de los gestores de paz. En el operativo se incautaron computadores y celulares en los que se encontraron documentos, conversaciones de chat, fotografías y cartas que permitían deducir la existencia de una presunta red de infiltración de disidencias en instituciones estatales. Investigaciones periodísticas en varios medios de comunicación, hace varios meses, publicaron apartes de ese material. Lo más grave es que quedó demostrado que existe un vínculo estrecho con altos funcionarios del Gobierno. Hace algunos días, la fiscal señaló públicamente como “muy graves” los hallazgos de dicho operativo. Mejía sale mencionado en los archivos con el alias de “El Chulo”. Inicialmente había renunciado de manera irrevocable el pasado 3 de marzo, pero la decisión solo se conoció hasta esta semana.

Previamente lo había suspendido la Procuraduría, pero fue reincorporado por el presidente Petro, quien lo defendió en ese momento junto al general Juan Miguel Huertas. Mejía, en su explicación final, renuncia en un video en el que negó rotundamente ser un infiltrado. Según él, su trabajo solo se limitaba a contactos por “trabajos por la paz”. Presuntamente, lo único que hacía era entregar información estratégica y sensible exclusivamente al presidente. La verdad es que los archivos de “Calarcá” vinculan a Mejía con filtraciones de información reservada sobre inteligencia tanto de la Policía como del Ejército. Hubo presentación de disidentes a miembros de la fuerza pública y propuestas, junto con Huertas, de una empresa de seguridad como fachada para facilitar el porte de armas y la movilidad de miembros armados por todo el territorio nacional.

Esto claramente configura un pacto de no agresión y apoyo encubierto, afectando la credibilidad de la inteligencia estatal. Si sumamos al episodio de Mejía el hecho de que anteriormente en esa entidad estaba el hoy prófugo Carlos Ramón González, las versiones oficiales y el discurso barato se caen por su propio peso. Grupos ilegales han tenido acceso no solo al Dni, sino a otras entidades estatales desde el lanzamiento del globo fallido de la llamada “paz total”. En el fondo, fue más un disfraz de impunidad y una carta blanca para que individuos y organizaciones accedieran a información y recursos que son de todos los colombianos.

No creo que haya más espacio para la destrucción de la credibilidad de este Gobierno, ya que el nivel de escándalos se sale de la imaginación de los mejores guionistas. Es un narcoestado controlado por guerrillas, disidencias y clanes. El daño es irreversible. El hampa tiene la información más importante de todos nosotros. Regresar va a ser casi imposible.