MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
En muchos territorios la Fuerza Pública sigue siendo la presencia más visible del Estado. Donde no llega el acueducto, donde la escuela funciona con dificultades, donde el hospital queda lejos y la carretera se vuelve barro, suele haber una base militar o una estación de Policía.
Por eso hay una pregunta que parece logística, pero es política: ¿quién alimenta a la Fuerza Pública?
Un batallón de selva o de alta montaña puede tener cerca de 1.000 soldados que deben recibir comida cada día. Para eso existe la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Alfm), encargada de sostener el abastecimiento y la operatividad de la tropa. Esa operación mueve recursos, contratos, transporte y mercados.
La pregunta es sencilla: si una unidad militar está en una zona productora de papa, arroz, plátano y yuca, ¿por qué esos alimentos no se compran a los campesinos del territorio? Durante años ocurrió lo contrario. Batallones en territorios agrícolas consumieron alimentos traídos de otros departamentos o incluso países, muchas veces a través de intermediarios.
Desde 2020 existe la Ley 2046 de compras públicas de alimentos, que obliga a entidades estatales y privadas que manejan recursos públicos a destinar al menos 30% de las compras de alimentos a pequeños productores y a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La idea es poderosa: el Estado debe orientar su gasto para fortalecer economías campesinas locales.
Pero una ley, por sí sola, no transforma la realidad. Entre el papel y el plato hay carreteras destapadas, falta de centros de acopio, ausencia de cadenas de frío, problemas de facturación, baja tecnificación, intermediación abusiva, obstáculos contractuales y una institucionalidad que no se transforma.
Eso empezó a cambiar en el sector Defensa durante este Gobierno. Se ajustaron manuales de contratación, se incluyeron criterios de comercio justo, se cerraron espacios a la intermediación indebida y se crearon mecanismos para que la economía campesina entrara en la cadena institucional. En 2025, la Alfm ejecutó más de $63.927 millones bajo el modelo de compras locales, cumpliendo el umbral de 30%. El reto es llegar a 100%.
Comprar alimentos directamente al campesinado es justicia social: el productor encuentra un comprador estable, se fortalece la economía campesina, sus organizaciones y el desarrollo rural de la región. A su vez, es bienestar para la tropa: con circuitos cortos de comercialización, se provee de alimentos frescos y locales.
Pero hay un efecto adicional: se construye legitimidad institucional, lo que fortalece la seguridad. Una comunidad que ve a la Fuerza Pública como aliada de su economía, y no solo como presencia armada, empieza a relacionarse con el Estado desde la confianza.
Donde las economías ilegales capturan la vida diaria, esto es decisivo. La seguridad no se logra solo con presencia armada: se vuelve posible cuando existe bienestar económico y productivo, con mercados justos, estables y dignos.
Cuando el Estado compra la cosecha campesina, no solo alimenta a sus soldados. Alimenta la legalidad y la paz con justicia social, y estabiliza su presencia y apoyo social en la región.
En la Bogotá del siglo XXI resulta difícil encontrar un ciudadano que no perciba que vivimos inmersos en el caos; que sobrevivimos en una urbe donde el desorden, la intolerancia y la violencia predominan
Los populismos de izquierda y derecha lucen imparables y entre más soez el lenguaje, tal parece, mejor. No en vano, agresivos se escuchan in crescendo los discursos de las dos orillas en disputa
En los años recientes, Prodeco fue la empresa minera que sufrió los impactos de las comunidades indígenas cerca del área de influencia de su proyecto en el departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Valledupar
