Debilitando al Estado

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En el texto “Un ensayo sobre negociación”, el Premio Nobel de Economía de 2005, Thomas Schelling, destaca la capacidad de restringirse a sí mismo como un elemento esencial para obtener resultados favorables en interacciones con otros agentes. Es usual que la fortaleza que se pretende mostrar se termine convirtiendo en la receta del fracaso, con costos enormes en legitimidad y vulnerabilidad frente a posibles abusos presentes y futuros.

El argumento de Schelling – quien de entrada lo califica como paradójico – es que usualmente el poder de negociación lo tiene aquel con menor margen de maniobra. Las limitaciones para actuar según la conveniencia del caso, y las pruebas irrefutables de incapacidad de ir tan lejos como quisiera la contraparte, en lugar de debilitar, fortalecen la capacidad negociadora. Las burocracias, supervisores y auditorías internas, apuntan a cumplir el propósito de restringir el margen de acción de sus agentes, y con ello darles la posibilidad de obtener mejores resultados.

A nivel político, figuras como la separación de poderes y la supremacía de la Constitución sobre cada uno de ellos contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho, en tanto impiden el abuso de aquellos interesados en sacar provecho de un escenario de poder ilimitado.

Un presidente que puede tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida del país se hace vulnerable al interactuar con diferentes actores, ya que se esperará que, así como pudo cruzar los límites una vez, lo haga en futuras ocasiones y en diversos temas. Y esto es algo que terceros podrán aprovechar, sean estos grupos armados ilegales, organizaciones no gubernamentales o gobiernos de otros países. De igual manera, controvertir a otras ramas del poder por intentar sacar adelante una agenda de gobierno debilita al Estado y lo hace vulnerable a todo tipo de amenazas; situación muy delicada con un contexto regional y global tan caldeado. Paradójicamente, mayor margen de acción se traduce en mayor fragilidad frente a terceros.

Por tanto, tiene razón la Representante, Juanita Goebertus cuando cuestiona las decisiones del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la JEP, de actuar como si la paz fuera una política de gobierno y no de Estado y de renunciar a implementar de buena fe el acuerdo de paz, tal como lo ordena la Constitución.

Estos comportamientos, así como la negativa de hace unas semanas a cumplir los protocolos pactados en el marco de las mesas de diálogo iniciadas en el gobierno anterior, le hacen un profundo daño al Estado colombiano, que enfrentará dificultades mayores en el futuro para ser tomado en serio como un interlocutor legítimo. Si ni siquiera se respeta una iniciativa llevada al Congreso, aprobada luego de cuatro debates y avalada por la Corte Constitucional, será muy difícil creer en la palabra empeñada respecto a otros temas y, peor aún, por futuros gobiernos.

Pareciera que este tipo de consideraciones no se estuvieran teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones y se desconociera el daño tan grande que se está haciendo hacia delante.

Pero esto seguramente no importa, ya que tal forma de proceder (porque sería muy generoso llamarlo “estrategia”) está funcionado en varias encuestas.

Por el contrario, da la impresión de que estamos regresando al Estado de opinión y con ello haciéndole un profundo daño a la legitimidad y credibilidad del Estado colombiano.

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