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El 24 de agosto de 2023 se radicó nuevamente el proyecto de reforma laboral en el Congreso. Sin embargo, parece que la agenda legislativa está enfocada en las elecciones territoriales y su discusión quedó en suspenso hasta tanto se defina la contienda electoral.
Lo curioso es que mientras la reforma laboral se ve opacada por las campañas políticas y por la incertidumbre de saber qué tanto apoyo tendrá el Gobierno en las regiones, el Ministerio del Trabajo avanza en la expedición de resoluciones, circulares y decretos que, al margen de la discusión en torno a su naturaleza y si son obligatorias o no, evidencian un claro interés en modificar y generar un cambio en el modelo laboral, apelando alternativas que, en últimas, no contribuyen a mejorar la realidad actual.
Para poner un ejemplo, la Resolución 2851 del 22 de agosto de 2023 revocó la Resolución 3032 de 2022, por medio de la cual se estableció la Guía para la Identificación de Actividades de Alto Riesgo y se eliminaron los criterios que facilitaban la identificación de ese tipo de actividades.
Por su parte, la Resolución 3031 del 31 de agosto de 2023 dispuso un término máximo de dos (2) años para la autorización de horas extras y conminó a las empresas que actualmente cuentan con una autorización indefinida, a actualizar el permiso, so pena de ser sancionadas por incumplimiento.
En la misma línea, se expidió la Circular 0069 del 20 de septiembre de 2023, mediante la cual se estableció, entre otras cosas, la obligación de fijar una copia de la solicitud de autorización de horas extras en todos los lugares, establecimientos o centros de trabajo de la empresa.
Podrían citarse otros ejemplos, pero lo cierto es que cada una de esas circulares y resoluciones tiene una característica común: crea obligaciones adicionales cuyo incumplimiento lleva a la imposición de sanciones económicas.
Antes de dar a conocer un concepto, de brindar orientaciones o de emitir instrucciones, adicionan, modifican u eliminan situaciones que impactan significativamente las relaciones laborales, pues llevan a los empleadores a generar cambios repentinos y en ocasiones inmediatos en la organización y en el manejo de personal.
Y si bien hay quienes pueden considerar que con la expedición de esas circulares y resoluciones no se genera un cambio estructural del modelo, no se puede desconocer que esas directrices, vistas desde un conjunto, generan un impacto real en las organizaciones empresariales, en especial, porque los supuestos de incumplimiento y las consecuencias afectan la actividad diaria de las empresas.
Basta con pensar en una empresa del sector comercio a la que no se le reconoce la posibilidad de trabajar horas extras, o una empresa del sector industria que no cuenta con los criterios necesarios para identificar actividades de alto riesgo, para dimensionar los efectos que puede traer la expedición de ese tipo de disposiciones. De ahí que las empresas terminen acatándolas, por el miedo o la angustia que supone afrontar las consecuencias de una multa o de una sanción administrativa.
Es por ello que la atención no puede enfocarse exclusivamente en los avances que se presenten sobre el texto de la reforma laboral, pues la intención de reformar no solo involucra el escenario legislativo, sino cualquier escenario desde donde pueda generarse y materializarse un cambio, lo que amerita adelantar un análisis y un debate de cara a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que tras bambalinas se están implementando y generando un impacto en el mundo del trabajo.
