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El gobierno petrista quiere conseguir recursos a como dé lugar, y no precisamente para invertirlos en que el país gane en productividad y contemos con más empresas, empleo y bienestar para todos los colombianos. Busca recursos para aumentar su clientela burocrática y otorgar subsidios a diestra y siniestra en época preelectoral.
El Presupuesto presentado es una muestra más de la irresponsabilidad del Gobierno en el manejo fiscal. Pretende gastar $557 billones, lo cual representa aproximadamente un 30% del PIB y un crecimiento cercano a 9% respecto del presupuesto de 2025 de $511 billones. Si tenemos en cuenta que la economía crecerá magramente, a tasas inferiores a 2,5% anual en 2025 y 2026, con este gasto excesivo el Gobierno está tomando mucho más de la riqueza por generarse. Está robándole al patrimonio presente y futuro de la nación o, simplemente, el país estaría gastando más de lo que produce y ahorra.
Adicionalmente, en línea con este nivel de gastos, el déficit fiscal para 2025 será superior a 7% del PIB y para 2026 a 6%. Así, dado que el recaudo tributario no cubrirá el aumento del presupuesto, seguiremos con la tendencia caótica de incrementar el endeudamiento, que ya se encuentra en niveles insostenibles de 64% del PIB. El Gobierno, al no tener en cuenta las matemáticas y la economía, considera factible aumentar los impuestos para cerrar el diferencial entre el recaudo y el presupuesto y evitar un mayor endeudamiento. Para ello, plantea una reforma que recaude $26 billones. Una absoluta locura, cuando la economía no crece a un ritmo adecuado y, por lo tanto, se afectaría aún más la capacidad de ahorro e inversión y los futuros recaudos.
De hecho, las sociedades, que no dan más y no están en su mejor momento, aportan $24 de cada $100 del recaudo. Desde el punto de vista del ROE, según cifras de la Superintendencia de Sociedades, se presenta una dramática caída en la rentabilidad de las 1.000 empresas más grandes, de 18,1% en 2022 a 11,3% en 2024, y de 11,8% a 8,2% en las siguientes 9.000. En cuanto a las utilidades, las 1.000 más grandes han pasado de $137 billones en 2022 a magros $90 billones en 2024, mientras que en las 9.000 siguientes las utilidades cayeron de $36 billones en 2022 a $32,4 billones en 2024, cifras en pesos constantes.
Esto significa que el ambiente político-económico, la baja tasa de crecimiento del PIB y el aumento de los costos y gastos, incluidos los impuestos, les han pasado factura a las empresas, que no aguantan más.
Así las cosas, una reforma tributaria para seguir golpeando al sector productivo, ya perjudicado por la debacle petrista, no tiene sentido alguno. Una nueva reforma afectaría aún más el crecimiento y a las generaciones futuras, pues las empresas no contarían ni con las condiciones ni con la solidez financiera para invertir y generar riqueza para todos.
Lo que corresponde al Gobierno es apretarse el cinturón y dejar de despilfarrar recursos en burocracia y politiquería. Por eso, recortando gastos y siendo eficiente en el uso de los recursos, no sería necesaria una reforma tributaria.
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