El Banco de la República: lo mejor de la Constitución de 1991

Sin lugar a dudas, la Constitución Política de 1991 trajo consigo importantes cambios institucionales. A mi juicio, el más valioso fue el reconocimiento de la independencia del Banco de la República y la atribución de las funciones de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, orientadas a preservar la capacidad adquisitiva de la moneda.

Antes de 1991, desde la creación del Banco de la República en 1923, el manejo de la moneda y del crédito atravesó distintas estructuras institucionales y diversos matices o grados de autonomía.

Entre 1923 y 1951, puede afirmarse que su independencia fue relativamente alta, habida cuenta de su estructura de capital público y privado. Sin embargo, dada su conformación, en su dirección concurrían intereses entrelazados, tanto públicos como privados.

A partir de 1951, el Banco de la República conservó nominalmente su autonomía, pero, en el contexto del desarrollismo económico cepalino, su orientación cambió de manera sustancial. No solo se le asignaron funciones adicionales en materia de control de cambios, sino que su propósito original de preservar una moneda sana se desplazó al imponérsele un papel activo para alinear la política monetaria, crediticia y cambiaria con los objetivos del desarrollo económico. A ello se sumó la incorporación a la Junta Directiva del Ministerio de Hacienda y de representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y de las cámaras de comercio, lo que de suyo implicaba una convergencia de intereses públicos y privados, no necesariamente coincidente con el interés general. En esa medida, el Banco dejó de ser primordialmente una autoridad monetaria, cambiaria y crediticia independiente y pasó a operar, en buena parte, como un banco de desarrollo.

En 1963 se creó la Junta Monetaria, enteramente controlada por el Gobierno, la cual asumió las funciones de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, lo que implicó un diseño institucional inadecuado que no garantizaba la autonomía de tan importantes funciones frente al Ejecutivo. Con ello se profundizó el modelo de intervención estatal y el uso de una política monetaria expansiva, más orientada al “desarrollo” que a la moneda sana.

En 1991, ante el evidente fracaso del sistema y la necesidad de contar con una moneda sana como premisa fundamental para el orden y el desarrollo económico, se restituyeron al Banco de la República las funciones de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia en interés de la nación. Los resultados son elocuentes, pues la inflación promedio anual entre 1964 y 1991 fue de 19,82%, y entre 1992 y 2025 fue de 8,87%.

Lo cierto es que asignarle la política monetaria, cambiaria y crediticia al Ejecutivo es una pésima idea, pues no garantizaría una moneda sana, ya que las decisiones tenderían a responder a necesidades coyunturales de la economía, a urgencias fiscales del Gobierno o a presiones de sectores con capacidad de influencia, cuando no a intereses politiqueros y electorales, y no al interés general de la nación. Sin una moneda sana, la economía pierde una condición indispensable para crecer de manera sostenida, y quienes más sufren son los más vulnerables: quienes viven de su salario o de su trabajo independiente, sin capacidad real de ahorro ni mecanismos patrimoniales de protección frente a la inflación.