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Analistas 01/11/2023

Cambio climático y retos para la economía colombiana

Juan Pablo Herrera Saavedra
Decano Facultad de Economía Universidad de Externado de Colombia

En un reciente reporte realizado por los National Centers for Environmental Information (Ndra) de los Estados Unidos, se ha hecho un acucioso seguimiento de la temperatura global en el planeta desde 1850 a la fecha, encontrando que septiembre de 2023 ha sido hasta el momento el mes de mayor anomalía de temperatura observada frente al promedio calculado entre 1901 y 2000. De hecho, sus datos muestran que la temperatura del suelo terrestre presentó este septiembre una situación absolutamente atípica: 2,34 grados Celsius por encima del promedio, en una serie de datos que hace el mismo ejercicio de atipicidad para cada mes durante los últimos 173 años de existencia del planeta.

Lejos quedaron esas notorias reducciones de temperatura del suelo terrestre frente al promedio señalado observadas en septiembre de 1912 (-0,74 grados Celsius) o en septiembre de 1884 (-0,72 grados Celsius). Cada vez hay más evidencia del calentamiento del planeta. Tan es así que, de acuerdo con National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), el pasado 4 de julio de este mismo año el planeta registró un nuevo récord de temperatura con 17,18 grados Celsius, destronando al 13 de agosto de 2016 que había sido el pico más alto hasta ahora observado en la historia de la serie con 16,92 grados.

Esto se traduce, sin duda alguna, en un verdadero desafío para los países del mundo en aras de avanzar en la transición energética, reconociendo que, según datos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), los combustibles fósiles, esto es carbón, petróleo y gas, aportan cerca de 75% de las emisiones del planeta que generan el efecto invernadero y casi 90% del dióxido de carbono, lo cual nos llama, cuando menos, a pensar cuidadosamente acerca de las acciones a seguir para garantizar un entorno habitable sosteniblemente para las siguientes generaciones.

No obstante, esos planes de acción en cumplimiento con el acuerdo de París, el cual entró en vigencia desde el 4 de noviembre de 2016 y que involucra a 194 firmantes, debe ser diseñado con mesura y con una visión integral desde cada contexto en cada nación. Se hace necesario reconocer que países como Colombia deben ser muy cuidadosos si se tiene en cuenta que su balanza comercial depende fuertemente del petróleo, sus derivados y el carbón, con cerca de 52% de participación de los US$57.000 millones de nuestras exportaciones en 2022.

Se debe transitar hacia a búsqueda de recomposición de la canasta exportadora colombiana, sin desconocer que en ese tránsito debe ser prioridad salvo guardar la seguridad energética nacional y evitar propuestas o dinámicas fallidas de la señalada transición que nos dejen sin la tan anhelada reconversión de la canasta exportadora, así como sin fuentes reales y sostenibles de generación energética.

En un documento publicado en julio de este año por el Banco de la República coordinado por investigadores de esa entidad Joaquín Bernal y Jair Ojeda, se hace un muy interesante análisis del impacto macroeconómico del cambio climático en Colombia, encontrando que en el escenario de ausencia de políticas de mitigación de dicho cambio, el país puede perder desde hoy hasta 2100 cerca de 8 puntos porcentuales de PIB y de ceñirse estrictamente al Acuerdo de París, entendido este como el mejor escenario, se perdería alrededor de 2%. Llama la atención el inminente riesgo de un déficit en cuenta corriente encontrado, derivado de una transición energética que involucre un escenario de cero emisiones y de la reducción de la tasa de interés natural que implica un contexto más limitado para avanzar en políticas monetarias expansivas.

La historia en este tema está por escribirse en el país, pero seguramente las cifras del impacto del calentamiento global deben invitar a hacer un análisis técnico, juicioso y mesurado que propenda por concebir políticas sostenibles en el largo plazo, construidas sobre los aciertos aprendidos durante los últimos 30 años en materia energética, con un sentido crítico que permita transitar no fallida ni tardíamente a la construcción de una mejor sociedad. La academia, sin duda alguna, debería estar atenta a contribuir en este debate.

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