Más allá del pie de fuerza II

La contundencia de la reacción de las autoridades ante la captura del presunto responsable del infame crimen contra la pequeña Celeste en Polonuevo, Atlántico, envía una señal nítida sobre la efectividad institucional cuando existen determinación, capacidad de respuesta e inmediatez en la actuación del Estado.

Sin embargo, ese despliegue debe trascender la coyuntura del dolor y replicarse de forma sistemática frente a los flagelos que azotan a nuestras comunidades, como lo hemos propuesto al anunciar el refuerzo de la seguridad en el municipio de Puerto Colombia mediante 30 unidades de una fuerza de tarea especial de la Segunda Brigada, en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar).

El objetivo central de esta operación no es otro que avanzar hacia la captura de los integrantes de las estructuras delincuenciales que han venido extorsionando y amenazando a los comerciantes de este municipio. Esta conducta criminal se ha vuelto cotidiana en el departamento del Atlántico y en el territorio nacional. No obstante, la experiencia demuestra que el esfuerzo táctico en las calles pierde todo su impacto si no se articula de forma inmediata con equipos especializados de policía judicial y fiscales asignados para dar continuidad al proceso legal.

Solo mediante el despliegue territorial y la investigación técnica será posible estructurar un modelo moderno de persecución penal, capaz de garantizar no solo la detención inicial, sino también la judicialización rigurosa y la desarticulación definitiva de las organizaciones criminales.

Con la llegada del nuevo gobierno nacional, confiamos en que se consoliden estrategias diferenciales en estrecha coordinación con la Fiscalía y las autoridades locales, con el propósito de implementar políticas integrales de seguridad que los territorios no pueden asumir por sí solos.

El sector de la seguridad nacional no puede seguir respondiendo con esquemas convencionales y desarticulados frente a estructuras complejas, pues la mera presencia policial es insuficiente si la cadena de justicia se rompe internamente. Las cifras recientes de la administración de justicia en el Atlántico reflejan esta urgente necesidad: entre 2019 y 2024, la demanda penal se duplicó, con un incremento de 107%, al pasar de 206.897 a 428.435 casos, lo que desborda por completo la capacidad de respuesta institucional.

Esta sobrecarga hace que cerca de 95% de los procesos permanezca sin evacuar. Solo en el Distrito Judicial de Barranquilla, entre 2019 y 2024, 404.292 procesos quedaron represados, una cifra equivalente a más de nueve de cada diez casos registrados durante ese periodo.

A este panorama se suma que 11.966 casos, equivalentes a 61,8% del universo analizado, terminaron archivados por falta de identificación de los responsables. Esto evidencia una falla estructural en la capacidad de investigación judicial que deja miles de delitos en la impunidad.

Paralelamente, el flujo del proceso penal se frena en los estrados, donde 52% de las audiencias programadas se frustra. El propio Estado es responsable de 86% de estas fallas debido a la inasistencia de fiscales, los choques de agenda o la falta de defensores públicos.

Por todo esto, insistimos en una visión integral. Observamos con enorme ilusión la posibilidad de que las capacidades del nivel central se adapten y se desplieguen en los territorios para gobernar de la mano de las regiones, consolidando una justicia oportuna que devuelva la tranquilidad y favorezca el desarrollo de la gente.