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En Colombia, el principal mecanismo de alimentación escolar para los estudiantes de colegios oficiales es el Programa de Alimentación Escolar, PAE. A través de este programa, el Estado establece estándares nutricionales, de calidad, inocuidad y pertinencia cultural para los alimentos entregados a los estudiantes.
Durante el año pasado, según Unicef, los niveles de obesidad infantil superaron a los de desnutrición, encendiendo alertas sobre la nutrición en niños y niñas
La alimentación escolar se convirtió en uno de los programas sociales de mayor escala en el mundo. Los gobiernos y otros actores destinan cerca de US$84.000 millones anuales a estos programas, que alcanzan a por lo menos 466 millones de niños y adolescentes en 176 países, según el informe State of School Feeding Worldwide del Programa Mundial de Alimentos, PMA.
El tamaño de esta inversión refleja el papel que han adquirido los programas de alimentación escolar dentro de las políticas públicas. Ya no se trata únicamente de entregar una comida a los estudiantes, sino de articular sistemas de compras, cadenas de suministro, productores locales, operadores y políticas de salud y nutrición.

El PMA señala que la inversión mundial en alimentación escolar prácticamente se duplicó frente a 2020, cuando alcanzaba US$43.000 millones. Además, 99% de los recursos proviene actualmente de los presupuestos nacionales.
Este crecimiento plantea un desafío para la calidad de los alimentos que llegan a los estudiantes. El aumento de la obesidad infantil a escala global ha puesto bajo la lupa los entornos alimentarios en los que crecen los niños. En 2025, un informe de Unicef reveló que, por primera vez, el número de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad superó al de aquellos afectados por desnutrición. A escala mundial, 5% de los menores de cinco años y 20% de los niños y adolescentes entre cinco y 19 años presentan sobrepeso.
En este escenario, los colegios se convierten en un punto estratégico para la prevención de enfermedades crónicas. Los estudiantes pasan buena parte de su día en las instituciones educativas y, además de los alimentos que reciben a través de programas oficiales, también tienen acceso a tiendas escolares, cafeterías y otros servicios de alimentación.
“Los entornos moldean los hábitos. Si tengo un entorno saludable, lo más seguro es que las decisiones sean saludables. Sobre todo si estamos hablando de población infantil”, aseguró Lina Valencia, nutricionista y directora de Nutrición en Movimiento.
En Colombia, el principal mecanismo de alimentación escolar para los estudiantes de colegios oficiales es el Programa de Alimentación Escolar, PAE. A través de este programa, el Estado establece estándares nutricionales, de calidad, inocuidad y pertinencia cultural para los alimentos entregados a los estudiantes.
El marco vigente es la Resolución 0003 del 7 de enero de 2026, que reconoce la alimentación adecuada como un derecho humano y establece que esta debe contribuir al aprendizaje.
Sin embargo, uno de los principales retos del programa está en medir sus resultados. Para Valencia, el PAE ha avanzado en indicadores como cobertura y asistencia, pero aún tiene una deuda en la medición del impacto nutricional de los estudiantes.
“El programa de alimentación escolar ha medido cobertura y asistencia, pero no el impacto en el estado nutricional de los niños. Tenemos una falencia en la medición porque la Ensin se publicó por última vez en 2015. Sería muy importante que el PAE tenga una medición también de los estados de desnutrición crónica, retraso en el crecimiento o el aumento en las tasas de sobrepeso y obesidad infantil”, explicó.
El desafío no se limita al sector público. En los colegios privados, el PAE no aplica y las instituciones tienen mayor autonomía para definir sus servicios de alimentación. La operación está enmarcada por la Ley 2120 de 2021, que promueve entornos alimentarios saludables y establece medidas como el acceso a agua potable, el consumo de frutas y verduras, la educación nutricional y la promoción de hábitos saludables.
Esto deja en manos de cada institución buena parte de las decisiones sobre la oferta de alimentos. Haciendo que para algunos colegios, la alimentación haya dejado de ser un servicio complementario para convertirse en una política institucional.
Como explicó Jorge Eduardo Ávila, rector del Colegio Jefferson de Cali, asegurar una alimentación adecuada "debe ser algo fundamental en cualquier proyecto educativo en la medida en que un niño bien nutrido va a aprender más fácil y mucho mejor. Pero además, porque combatimos temas de obesidad infantil y juvenil, y una cantidad de condiciones de salud que en la adultez empiezan a aparecer. Ahí hablamos de la hipertensión o diabetes, que podemos empezar a prevenirlo desde la etapa escolar".
Para Ávila, en el contexto de los colegios privados, al no tener un programa especial que guíe la oferta de alimentos dentro de las instituciones, la responsabilidad recae sobre la familia y el colegio, asegurando "si nosotros queremos niños que aprendan, que crezcan sanos, los colegios tenemos que asumir la obligación de ofrecer productos saludables".
La última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin, 2015), reveló las cifras de obesidad infantil en Colombia, asegurando que la prevalencia del sobrepeso alcanza a 6,3% de los menores de cinco años. Una condición que se intensifica en etapas posteriores, afectando a 24,4 % de los menores entre cinco y 12 años y a 17,9 % de los adolescentes. Frente a ello, expertos aseguran que aún hay medidas por tomar, entre ellas, la creación de leyes que restrinjan el mercadeo de productos ultraprocesados.
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