Análisis del ajuste del salario mínimo en Colombia

El incremento del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para el 2023 de 16%, junto con el aumento de 20% del auxilio de transporte se han logrado como resultado de la octava concertación en esta materia entre gobierno, representantes de los trabajadores y la industria en Colombia en los últimos 22 años, y es un elemento interesante para entrar a analizar cuidadosamente especialmente frente a sus implicaciones.

Lo primero que hay que decir es que representa una señal muy importante para la economía en su conjunto en cuanto a lo que significa un proceso de concertación entre los sectores que tradicionalmente según la ley deben intervenir en este proceso de negociación, el cual envía un mensaje del poder que tiene la negociación y el consenso frente a una variable tradicionalmente importante para la economía nacional.

Este ajuste implica que desde la formalidad el salario mínimo para 2023 será de $1.160.000 y el auxilio de transporte $140.606 para un total de $1.300.606. No obstante, hay varias aristas para considerar:

Lo segundo por decir es que el ajuste acordado supera la corrección por incremento generalizado de precios observada en Colombia con corte a noviembre de este año, si se tiene en cuenta que la inflación anual para esa fecha se ubicó en 12.53%. Esto representa una presión adicional en el nivel de precios, aun reconociendo un crecimiento de la productividad laboral en Colombia cercano al 2%, lo que significa que el ajuste de salario mínimo estaría 147 puntos básicos por encima del factor de corrección de la inflación más productividad.

Esos puntos básicos de ajuste sobre la inflación observada representan una presión adicional sobre diferentes precios del sistema económico, con efectos particularmente indeseables sobre los más pobres. No debe olvidarse que, de los 22 millones de personas ocupadas en Colombia, reportadas por el Dane a octubre de este año, 58% de ellas se encuentra en la informalidad población sobre la cual difícilmente este ajuste tendrá efecto positivo alguno. A la par, del 42% restante, esto es 9,2 millones de personas, tan solo seis millones de ellos recibe entre uno y dos salarios mínimos, quienes son justamente la inmensa minoría de ocupados en Colombia sobre quienes realmente se genera un efecto de corrección en su poder adquisitivo, si se logran mantener vinculados para 2023 en la formalidad.

Llama poderosamente la atención, el riesgo inherente que investigadores del Banco de la República liderados por Luis Eduardo Arango, en documento publicado apenas hace tres meses sobre los efectos macroeconómicos del ajuste del salario mínimo en Colombia, advierten. No solamente se señala la posible destrucción de empleos existentes fruto de lo que sería un ajuste de salario mínimo por encima de la inflación observada, sino del riesgo asociado de desincentivar la creación de nuevos trabajos en la formalidad. En particular, el estudio en mención señala que por cada punto porcentual de ajuste real del salario mínimo, disminuye un punto porcentual de puestos laborales (0,4% destruidos y 0,6% ni creados) la mayoría de ellos provenientes de micro empresas con menos de 20 puestos de trabajo.

A lo anterior es importante también añadir la presión adicional que se genera en materia de déficit fiscal derivado de las obligaciones que adquiere el Estado colombiano particularmente en lo relacionado con en la pensión mínima del régimen pensional de prima media y como si fuera poco, se advierte el efecto adverso y asimétrico que potencialmente se podría generar sobre el ingreso real de las personas que se encuentran en los deciles más bajos de la población, quienes en su mayoría se encuentran totalmente aislados de la formalidad, ante posibles incrementos del salario mínimo por encima del salario mediano.

Por su parte se suman las cargas adicionales que enfrentan los trabajadores que deben cotizar para seguridad social y salud, sumado a las dificultades de las empresas para vincular aprendices cuando las cifras de desempleo superan los dos dígitos y la remuneración de los mismos pasa, por ley, de 75% a 100% de un salario mínimo el cual será desde el 1 de enero de 2023 16% más alto.

Si a ese escenario se le añaden los efectos de largo plazo estimados por el banco central colombiano desde una perspectiva de equilibrio general que podrían generarse sobre el desempleo (30 puntos básicos por cada punto porcentual de ajuste en el salario mínimo real), sobre la informalidad (10 puntos básicos por cada punto porcentual de ajuste en el salario mínimo) y se une con el impacto sobre las expectativas de inflación para el próximo año, las cuales, según las cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público alcanzan 7,3%, y que según el ejercicio del Banco de la República ilustraría que cada punto porcentual de ajuste en salario mínimo genera 9,5 de puntos básicos sobre le inflación, se avizora para 2023 casi que inevitablemente una política monetaria contractiva importante, si de lo que se trata de implementar controles efectivos para el control de la inflación.

En resumidas cuentas, para la academia este ajuste es una oportunidad muy importante para implementar un monitoreo y análisis de impacto, no solo macroeconómico, sino también microeconómico de esta medida en cada uno de los mercados. Para el gobierno, una oportunidad importante para implementar un efectivo proceso de desindexación, que ha anunciado, y que los colombianos deberíamos ver en las próximas semanas. Me atrevo a ser escéptico sobre la efectividad de esa medida en el corto plazo al menos, mucho más si las entidades púbicas siguen tomando en sus ejercicios internos el salario mínimo como referente para expresar sus tarifas y luego lo reescriben en unidades de valor tributario (uvt) al momento de presentarlo al ciudadano.

Ojalá algún día en Colombia el dato concertado del “salario mínimo” sea efectivamente un mínimo salario para todos los colombianos y no 85% o incluso más del salario mediano de la distribución de salarios de nuestra población.