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Una aclamada reforma

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Comienza el nuevo año con lo acostumbrado, alza del salario mínimo y del auxilio de transporte, nueva vigencia fiscal, e incremento del precio de la canasta familiar, de las tarifas de los tributos y del costo de vida en general, como si fuera una inevitable dinámica de crecimiento proporcional, entre el ingreso y el costo del beneficio. También, aparecen las expectativas de ciertos sectores de la sociedad para que disminuyan los requisitos exigidos para adquirir ciertos derechos.

Lo anterior se materializa en las pensiones en Colombia, ya que los ciudadanos esperan que la edad de jubilación deje de aumentar, y el monto de la pensión incremente. No obstante, las condiciones económicas del país no resultan favorables, así lo afirma, el director de la Anif, Sergio Clavijo, quien dice que la reforma pensional que se implemente deberá incrementar la edad de jubilación – 67 años para hombres y 62 para mujeres – y reducir el monto promedio de pensión.

Dicha reforma tendería a la supresión del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y al incremento del porcentaje de cotización, ya que, al parecer, el esquema que maneja dicho régimen – administrado por Colpensiones – no resulta efectivo, ya que tiene como protagonista a un fondo común de naturaleza pública, que progresivamente está careciendo de recursos para abastecer las necesidades de la tercera edad.

Pareciera que al colombiano promedio ya no le impresionara un régimen en el que con sus cotizaciones mantiene la “calidad de vida” de la tercera edad que ya recibe pensión. Incluso, pareciera que el buen número de “beneficios” que se han proliferado actualmente – v.gr. los beneficios económicos periódicos, la pensión familiar, etc. – y que componen el sistema, ya no mitigara la inconformidad que genera el manejo de esta materia.

Así es, urge una reforma pensional que reorganice la dinámica del fondo de naturaleza pública, redefina el concepto del principio de solidaridad y su preponderancia en sociedades como la nuestra, y recobre la confianza que suponía antes el ahorro para la vejez. Tal reforma tendrá que promocionar la optimización institucional, lo cual, bien lograría la administración de los recursos privados otorgados por los contribuyentes, y oxigenaría el proceso de consecución de la pensión.

Sin embargo, la reforma tendrá que esperar, ya que seguramente el poder legislativo saliente delegará la tarea bien sea al oficialismo o a la oposición, dependiendo de cuál se imponga en las próximas elecciones. No tendría sentido una reestructuración próxima al sistema pensional, puesto que la misma correría el riesgo de no perdurar, dependiendo del sector político que resulte ganador en las mencionadas elecciones. La reforma pensional supondrá un reto definitivo, en el que se pondrá a prueba la capacidad de articulación y cooperación de las instituciones estatales, para el mejoramiento de las pensiones en el país.

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