Que hablen las víctimas

Pablo Emilio Moncayo pasó 12 años encadenado a un árbol en la selva. Luz Marina Bernal todavía duerme con la foto de su hijo Fair Leonardo, uno de los jóvenes de Soacha presentados como guerrilleros muertos en combate.

Los sobrevivientes de la masacre de El Salado volvieron a su pueblo en 2008, ocho años después de que los paramilitares los sacaran. Ninguno de los tres aparece en los noticieros esta semana. Pero Rodrigo Londoño, Timochenko, ha concedido tres entrevistas en los últimos 15 días.

Durante los años más duros del conflicto, las víctimas solo llegaron tarde al centro del debate nacional -principalmente desde la Ley de Víctimas de 2011 y el proceso de La Habana-. Paradójicamente, cuando llegó la paz que prometía ponerlas en el eje, muchas comenzaron a perder protagonismo. Los negociadores y los comandantes se quedaron con los micrófonos; las víctimas fueron invitadas a ceremonias, incluidas en documentos y mencionadas en los discursos, pero rara vez escuchadas en las decisiones fundamentales.

El Registro Único de Víctimas supera los 10,35 millones de personas: una de cada cinco familias colombianas. La Comisión de la Verdad documentó 450.664 muertes entre 1985 y 2018, 121.768 desapariciones forzadas, 50.770 secuestros, 16.238 niños reclutados y más de 7,7 millones de desplazados. Del total, 90% eran civiles. El subregistro, dice la propia Comisión, podría elevar los homicidios hasta cerca de 800.000.
Y, sin embargo, los victimarios adquirieron rostro, nombre, curul y escolta; muchas víctimas quedaron reducidas a un número de expediente. Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron diseñadas para víctimas y territorios, y sus candidatos deben acreditar esa condición. Distintas fueron las 10 curules garantizadas al partido de las Farc entre 2018 y 2026, que permitieron a antiguos integrantes llegar al Congreso sin los votos ordinarios. La diferencia jurídica importa, pero no borra la sensación de injusticia: mientras ellos gobernaban, miles de víctimas seguían haciendo filas.
La JEP ha avanzado lentamente. Al cierre de 2025 reportaba 14.260 víctimas y 421 sujetos colectivos acreditados. El 16 de septiembre de ese año dictó su primera sentencia: ocho años de trabajos restaurativos a los siete excomandantes del último secretariado de las Farc por 21.396 secuestros, de los cuales acreditó 4.325 víctimas. En apelación, hace unas semanas, varias penas se redujeron a entre cinco y ocho años.

Las víctimas calificaron el fallo de “burla, vergüenza y traición”. No les faltan razones: tras siete años de proceso y cerca de $4 billones gastados, la respuesta fueron trabajos comunitarios sin cárcel. La JEP ha establecido patrones y responsabilidades que la justicia ordinaria jamás habría obtenido, pero su lentitud y su lenguaje técnico frustran precisamente a quienes dice servir.

El nuevo gobierno, con dos meses en el cargo, aún no ha definido un rumbo claro para la Unidad para las Víctimas ni respaldado explícitamente el proceso de reparación. Su primera prueba es sencilla y verificable: garantizar presupuesto para que las 220.533 víctimas indemnizadas en 2025 dejen de ser la excepción y empiecen a ser la norma, en un universo en el que millones aún esperan.

Al Ejecutivo le corresponde construir una política nacional de verdad, memoria y dignificación que no dependa del color del gobierno de turno.

Durante demasiado tiempo, Colombia dejó que los armados contaran la guerra. Unos se presentaron como revolucionarios; otros, como defensores del orden. En medio quedaron millones de ciudadanos que nunca empuñaron un fusil, pero pagaron el precio más alto.

La no repetición no se garantiza solo desarmando una organización; también exige impedir que la historia la narre quien la ensangrentó. Los victimarios ya tuvieron armas, poder, curules y micrófonos. Ahora, por fin, necesitan hablar las víctimas.