Reconfigurar la partida

El tijeretazo a los subsidios de energía en el Presupuesto General de la Nación 2027 amenaza con convertirse en una peligrosa ilusión contable de consecuencias nefastas.

Al dejar en el aire quién cubrirá un faltante estructural, el gobierno no está eliminando el gasto: simplemente le está trasladando una bomba de tiempo a la caja de las empresas comercializadoras y, por esa vía, al bolsillo de millones de familias de estratos 1, 2 y 3. La discusión no es sobre simples cifras, sino sobre la viabilidad de un servicio básico cuando la responsabilidad del Estado se le cobra al eslabón más débil.

El machetazo presupuestal que propone el gobierno para 2027 es descomunal e inédito. De un momento a otro, el rubro destinado a subsidiar la tarifa eléctrica sufriría un recorte drástico: pasaría de casi $6 billones en 2026 a apenas $1,4 billones. Estamos hablando de desmantelar, de un plumazo, más de tres cuartas partes del presupuesto de subsidios. El hueco que deja esta maniobra supera los $4,5 billones, un boquete financiero que nadie en el gobierno explica aún cómo se va a tapar.

Detrás de este recorte hay un veneno silencioso: la ruptura de la cadena de pagos. Sin los subsidios que la Nación está obligada a girar, las comercializadoras quedan maniatadas frente a los generadores. Y cuando la caja de las empresas se agota, la crisis salta de los libros contables a las calles.

La ecuación es implacable: sin dinero público, el déficit se traduce en redes sin mantenimiento, facturazos inevitables para las clases medias y productivas, y la sombra aterradora de un apagón que no vendrá por falta de lluvia, sino por falta de gestión presupuestal.

La Costa Caribe es uno de los eslabones más frágiles de esta cadena. Mermar los recursos de los subsidios en una zona con carteras castigadas, pérdidas acumuladas de energía y un consumo de subsistencia más alto por razones climáticas es encender la mecha en un polvorín. Cualquier tijeretazo del Ministerio de Hacienda allí se traduce, casi en automático, en un choque de sostenibilidad para los operadores y en un castigo desproporcionado para millones de familias que ya no aguantan un peso más en su factura.

Resulta incomprensible que las comisiones económicas del Congreso le hayan dado vía libre al proyecto sin exigir explicaciones sobre semejante boquete presupuestal. La pelota queda ahora en el tejado de las plenarias, que tienen el deber moral y técnico de discutir la suficiencia de estos fondos antes de firmar un cheque en blanco contra los más vulnerables. Aquí no solo falla la planeación energética: cruje el corazón mismo de la política pública de subsidios, un enfermo crónico que lleva años en cuidados intensivos mientras los gobiernos de turno miran hacia otro lado.

Nadie desconoce la urgencia de meter en cintura las cuentas del Estado, pero la austeridad no puede construirse a costa de la tranquilidad social. Reconfigurar esta partida no es una concesión al sector eléctrico, sino la única vía realista para conciliar la sostenibilidad fiscal con la estabilidad social del país. La corrección debe hacerse ahora, antes de que la ilusión contable se convierta en una crisis de pagos irreversible.