Hacia un país amoral

En Colombia viene ocurriendo un fenómeno profundamente preocupante: el país se acostumbró a vivir con el mal; El narcotráfico era visto como un flagelo moral y social; la corrupción generaba rechazo; el terrorismo era condenado sin matices. Había miedo, sí, pero también había una frontera ética clara, hoy, esa frontera parece haberse desdibujado.

Algo ha cambiado en los últimos años. Lo que antes escandalizaba hoy apenas genera un comentario pasajero, la ilegalidad se normalizó, el delito se relativizó y la sociedad parece deslizarse hacia una peligrosa amoralidad colectiva, no es que el mal haya desaparecido; es que dejó de incomodar.

Este proceso de acostumbramiento tiene múltiples causas, pero una de las más determinantes fue la manera como se gestionó el proceso de paz; Más allá de la discusión sobre la necesidad de poner fin al conflicto armado, el mensaje implícito que quedó fue devastador: el crimen podía ser negociable, el delito podía ser excusable y la violencia, dependiendo del relato, podía ser justificada. Se confundió reconciliación con indulgencia, y justicia con concesión.

Desde entonces, el narcotráfico comenzó a permear con mayor descaro distintas esferas de la vida nacional, ya no se limita a zonas rurales alejadas o a estructuras clandestinas, hoy los dólares del narcotráfico circulan sin pudor por la economía, lavados a través de comercio, finca raíz, actividades financieras y consumo suntuario. De acuerdo con estimaciones internacionales, el narcotráfico mueve entre US$18.000 millones y US$25.000 millones al año, una cifra que equivale a varios puntos del PIB nacional. No es marginal: es estructural.

Esa realidad económica tiene un impacto moral profundo; cuando una de las principales fuentes de divisas del país proviene de una actividad criminal, la sociedad empieza a convivir con la ilegalidad como si fuera una fatalidad inevitable, se normaliza compartir mesa con narcotraficantes, hacer negocios indirectos con ellos, admirar su riqueza y hasta justificar su origen. La pregunta ya no es “¿de dónde viene ese dinero?”, sino “¿qué importa, si genera empleo o mueve la economía?”.

En muchos territorios, cultivar coca resulta más rentable -y más protegido políticamente- que cualquier alternativa lícita. Miles de campesinos hoy dependen de la mata de coca para subsistir, y aunque su situación social merece atención, el problema surge cuando se deja de ver esa actividad como parte de una cadena criminal y se la convierte en una causa legítima.

El mensaje desde el poder tampoco ayuda, el propio presidente, entre alocuciones erráticas y afirmaciones contradictorias, ha terminado justificando o relativizando a quienes viven del negocio ilícito. Se habla de dignificar al narcotraficante de base, de comprender al criminal, de proteger al infractor.

Este fenómeno no es solo económico o político: es moral. Una sociedad que deja de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, o peor aún, a la que ya le da igual, es una sociedad condenada a vivir mal. No solo en términos de seguridad o prosperidad, sino de convivencia, confianza y futuro, cuando todo se relativiza, nada se defiende, cuando el delito se normaliza, la ley pierde autoridad, cuando el mal deja de escandalizar, se vuelve costumbre.

Colombia necesita recuperar la capacidad de llamar las cosas por su nombre, de decir que el narcotráfico es malo, sin matices. Que la ilegalidad no es una opción aceptable. Que el dinero sucio, por mucho que circule, sigue siendo sucio. Porque una sociedad que no sabe diferenciar entre el bien y el mal -o a la que simplemente ya no le importa- es una sociedad destinada a repetir sus tragedias y a vivir, indefinidamente, mal.