El cambio que no llegó

El 2024 ha comenzado sin dar tregua a Colombia; entre incendios y escándalos, el país se ve envuelto en una serie de sinsabores. A pesar de las promesas del presidente Petro durante la campaña, enfocadas en un cambio hacia la justicia social, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y el clientelismo, lamentablemente, a un año y medio de su gobierno, el cambio sigue estando en vilo.

El presidente ha designado a sus amigos y aliados políticos en cargos públicos, lo cual, en principio, es aceptable ya que fue el ganador. No obstante, el problema radica en que ha intentado nombrarlos sin considerar su idoneidad, experiencia o méritos. Ha modificado los manuales de funciones de varias entidades estatales para acomodar a sus allegados y favorecer sus intereses, derrochando recursos públicos al dejar sin ejecutar gran parte del presupuesto asignado para obras e inversiones prioritarias en el desarrollo del país. Además, ha demostrado una limitada capacidad de diálogo y consenso, generando conflictos con otros poderes del Estado, los medios de comunicación, la comunidad internacional y la misma ciudadanía.

En medio de este caos, la gestión de importantes entidades públicas es motivo de preocupación. No solo se trata de la elección de personal afín al gobierno, sino de que muchos de estos nombramientos han resultado en un desajuste entre las capacidades requeridas para el cargo y las habilidades reales de los designados. Resulta inquietante observar cómo, en lugar de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se ha optado por modificar los manuales de funciones de diversas entidades con el único propósito de acomodar a individuos sin idoneidad. Lamentablemente, no se trata de casos aislados; instituciones como el Invima, la nueva EPS, la junta directiva de Ecopetrol y la Ungrd, con un director sancionado por la Contraloría por su falta de respuesta ante la falta de atención en Putumayo, son ejemplos alarmantes.

La consecuencia más evidente de esta situación es la falta de ejecución. Proyectos y obras cruciales para el desarrollo del país se encuentran estancados. La inexperiencia y la escasa capacidad ejecutiva de quienes ocupan cargos estratégicos se han convertido en un obstáculo insalvable para el progreso.

El discurso inicial de cambio y transformación se encuentra en entredicho frente a la realidad que atraviesa Colombia. La administración actual parece haber olvidado que el verdadero cambio no se logra simplemente adoptando una ideología política, sino eligiendo a individuos capacitados y comprometidos con la gestión eficiente del Estado. Los funcionarios competentes son esenciales, y los manuales de funciones se crearon para garantizar la idoneidad; modificarlos cada vez que se necesite los volvería inútiles.

Es hora de que el presidente empiece a pensar como estadista y no como ideólogo. Hay que acercarse a la realidad colombiana y menos a la situación internacional. Hasta el momento, son muchos los electores defraudados que esperaban un gobierno diferente, transparente y eficaz. Se está desaprovechando una oportunidad histórica de hacer de Colombia un país donde quepamos todos y en el cual los gastos suntuosos de la primera dama y la vicepresidente dejen de ser motivo de noticias destacadas.