Impuesto predial vs. educación

Varias asociaciones que representan a más de 1.600 colegios privados han solicitado al Concejo de Bogotá y a las autoridades del Distrito que revisen urgentemente el impacto del impuesto predial en las instituciones educativas, el cual está afectando gravemente el desarrollo de la educación escolar privada de la ciudad, su calidad y su sostenibilidad.

Una de las principales causas de esta problemática es el exagerado incremento del avalúo catastral de los predios de los colegios, habiendo casos en que dicho avalúo ha aumentado más de 10 veces en los últimos 5 años. Si se tiene en cuenta que el avalúo catastral es la base gravable para la determinación del valor del impuesto predial, lógicamente dicho impuesto también ha aumentado en la misma proporción, llegando a cifras imposibles de pagar. Los predios de los colegios privados, catalogados supuestamente de uso dotacional, cada año deben pagar por el predial una tarifa del seis y medio por mil (6,5 x 1.000) del avalúo catastral, pero la fórmula para calcular dicho avalúo desconoce el uso del suelo, lo que hace que el predial se convierta en un impuesto confiscatorio.

Colegios con instalaciones que tienen altos estándares educativos de calidad por respetar la densidad de metro cuadrado por estudiante, por tener generosas zonas verdes, deportivas, etc., se ven gravemente afectados.

Tampoco este impuesto contempla criterios de tasación relacionados con la capacidad económica del contribuyente, lo cual genera un desequilibrio económico que contradice el principio de equidad tributaria. No es comparable la capacidad de tributación del contribuyente propietario de un inmueble en el que se desarrollan actividades comerciales, con la capacidad de tributación de las instituciones educativas.

Por otro lado, los ingresos de los colegios están regulados, pues las tarifas que se cobran por el servicio educativo son fijadas por el Ministerio de Educación Nacional y en ningún caso su incremento puede superar la inflación. Los excedentes de los colegios privados se deberían destinar a mejorar la calidad educativa de los estudiantes, los salarios de los docentes y al mantenimiento de la planta física, pero hoy están siendo absorbidos por el impuesto predial. Esta es una situación insostenible en el tiempo y que llevará a muchos colegios de Bogotá a la quiebra.

La educación es un servicio social público y un derecho fundamental constitucionalmente reconocido, prestado por el Estado y por particulares, el cual no puede verse afectado por un tributo altamente costoso, máxime cuando se trata de instituciones educativas. Además, estas entidades ayudan al Estado a cumplir con el Derecho Fundamental a la Educación, que la Constitución le obliga a prestar desde el grado transición de preescolar al grado noveno. Debe ser el Estado el que apoye la educación prestada por particulares, como sucede en los países que han apostado por la educación infantil y de los jóvenes, y no que el sector educativo privado sea el que sostenga económicamente al Estado.